Hay algunos requisitos que deben cumplirse para legalizar y oficializar la vigencia institucional y el funcionamiento del Puerto Seco en Oruro, cuyo proyecto marcha saltando las zancadillas que se ponen a su concreción, algunas en el orden oficial, posiblemente la mayorÃa, otras en niveles operacionales que han impedido hasta el presente concretar su conformación regular.
Hay que hablar de un prefecto y gobernadores, que durante sus gestiones no han podido encaminar los trámites formales y necesarios para consolidar el proyecto que data de más de diez años, cuando se promulgó la Ley 3316 el año 2005, y que se reafirmó con el Decreto Supremo 29328 del 2007, recomendando el avance de las gestiones legales para que el Puerto Seco sea una realidad en Oruro.
En las disposiciones pertinentes se recomienda la conformación de una Sociedad Anónima Mixta (SAM) con participación del Estado, con el 51 por ciento de acciones, y el sector empresarial con el 49 por ciento restante, bajo normas especiales que consoliden el funcionamiento de la Plataforma LogÃstica Multimodal del Puerto Seco de Oruro.
Anteriores ejecutivos y el actual presidente de la Federación de Empresarios Privados de Oruro, han reclamado de manera constante el cumplimiento de ese requisito que otorga seriedad empresarial al proyecto, lamentablemente como se observa a la fecha sigue siendo un factor negativo que impide asumir plenamente la defensa del emprendimiento, como una entidad establecida y vigente legalmente.
Los empresarios cuentan con el perfil del proyecto de constitución de la SAM, documento que ha sido analizado en varias instancias y que responde a las necesidades de funcionalidad del Puerto Seco, lamentablemente aún no se dan las condiciones para que se eviten mayores postergaciones en un proyecto que se considera como fundamental para el desarrollo del departamento y la región.
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