Fiscalía belga defiende que presidente catalán sea entregado a España

La Fiscalía de Bruselas pidió hoy (ayer) ejecutar la entrega del ex presidente catalán Carles Puigdemont y cuatro de sus ex consejeros al apreciar los cargos alegados por España, a excepción del de prevaricación, mientras que el juez ha fijado una nueva audiencia para el 4 de diciembre.

El juez belga de primera instancia que examina el caso ha citado nuevamente a las partes para que hagan sus alegatos en esa fecha, momento a partir del cual se espera una decisión entre ocho y diez días después, apuntó el entorno del ex presidente de la Generalitat de Cataluña.

El Ministerio público, que reveló su estrategia en la vista de hoy (ayer) a puerta cerrada a la que los antiguos miembros del Gobierno catalán fueron citados a declarar, pidió la ejecución de los mandatos de entrega a España pero no por el cargo de prevaricación.

"Por lo demás, cree que la calificación penal en el Derecho belga es la conspiración y la malversación por parte de funcionarios públicos", agregó.

Marchand, quien calificó la audiencia con el fiscal de "serena", indicó que los defensores de los acusados intercambiarán sus "argumentos escritos".

Otro de los abogados, el español Jaume Alonso Cuevillas, explicó que en la sesión de hoy (ayer) empezó tomando la palabra el fiscal, "recordando que el principio general es el cumplimiento de las órdenes europeas de entrega y no su denegación".

Según dijo, la Fiscalía "descarta que exista corrupción" y "quiere examinar si los hechos descritos en el mandamiento podrían ser constitutivos de algún delito conforme al código belga" y, en particular, el delito de conspiración de funcionarios.

"Se ha decidido darnos un plazo para formular alegaciones por escrito", comentó, y afirmó que el 4 de diciembre se producirá "la visita que teníamos que tener hoy (ayer)".

Alonso Cuevillas afirmó que el tribunal "podría decidir ese día o tomarse unos días para decidirlo motivadamente".

Puigdemont y sus ex consejeros autonómicos Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura) están inculpados por rebelión, sedición, desobediencia a la autoridad, prevaricación y malversación de fondos públicos.

La Fiscalía, por su parte, celebró una rueda de prensa en la que se limitó a leer un comunicado en cuatro lenguas en el que dejó claro que no emitirá ninguna comunicación hasta después de la audiencia del 4 de diciembre.

Argumentó que esa audiencia debe tener lugar a puerta cerrada según la ley belga, y que no hará comentarios para no interferir en el "desarrollo sereno de los debates" ni "hipotecar de ninguna forma el procedimiento pendiente".

"La Fiscalía no dará ninguna explicación, ni comentario, sobre el punto de vista de las partes o del desarrollo concreto de la audiencia", apuntó.

Una portavoz del Ministerio público insistió en que "no vamos a comentar ni nuestra posición ni lo que han dicho los abogados".

A partir del 4 de diciembre, se espera una decisión del juez de instrucción sobre la extradición de Puigdemont y sus ex consejeros en un plazo de entre ocho y diez días, según fuentes cercanas al cesado Gobierno catalán, que puede recurrirse ante el Tribunal de Apelación y la Corte de Casación.

Ambas instancias tienen plazos de dos semanas para pronunciarse al respecto.

Fuente: Bruselas, 17 (EFE)