Una responsabilidad que corresponde a la ciudadanÃa, a los partidos polÃticos y las organizaciones ciudadanas, por otra parte los movimientos sociales que son parte del actual esquema y abriendo el abanico de amplia participación, hay que mencionar a los núcleos sindicales, los colectivos ciudadanos, además de la participación de las instituciones empresariales, las representativas de las Fuerzas Armadas y la PolicÃa, es decir el conjunto de quienes forman la "sociedad boliviana", están obligadas a defender de manera permanente la democracia vigente, con una práctica abierta de los derechos y valores que son insustituibles cuando se habla de justicia y libertad.
Naturalmente que las condiciones no siempre son las más propicias para que en todos los paÃses, especialmente los que se definen como demócratas, sea posible que las fuerzas polÃticas puedan alternar en la conducción de la nave estatal, por supuesto cumpliendo las reglas elementales de respeto, libertad e independencia, debido a factores adversos que alteran los lineamientos de rectitud que son parte insoslayable de la práctica democrática.
Más adelante se pondrá en marcha el año electoral con miras a la elección de un nuevo gobierno nacional, esperándose que para ese fin se cumplan las disposiciones vigentes en la Constitución PolÃtica del Estado que ha sido aprobada por la instancia democrática que alentó y desarrolló el partido en actual función. Lo que rechazan algunas fuerzas polÃticas alineadas en una eventual oposición, es que no se alargue un proceso de mando que liquida el derecho de la ciudadanÃa a una opción de alternancia gubernamental, abriendo las posibilidades a otras instancias polÃtico ideológicas que desean poner en práctica opciones de una mayor participación ciudadana en la conducción del aparato estatal, buscando enmendar y cambiar los aspectos que por su repetición en un largo tiempo de gobernabilidad se han vuelto lesivos a los derechos ciudadanos de una gran parte de la comunidad.
Los bolivianos estamos ante un desafÃo conciencial, es decir que aquellos derechos que se defienden intransigentemente y que son parte de la práctica de una democracia participativa, aparecen limitados en unos casos y restrictivos en otros, cuando se quiere imponer reglas que están fuera de la Constitución y que por dar paso a esa práctica se pone en riesgo todo un largo proceso que le costó al mismo pueblo recuperarlo, tras un largo periodo de afrenta directa a la democracia, cuyos valores fueron conculcados por regÃmenes totalitarios.
Fuente: LA PATRIA
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