Proyecto gubernamental de pensiones significa retorno al sistema de reparto

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El proyecto gubernamental de la nueva Ley de Pensiones significa el retorno al antiguo y fracasado sistema de reparto, excluye a los trabajadores independientes, aumentará los costos de administración, el sistema de control estaría a cargo del Ejecutivo que sería juez y parte y todos los ingresos se destinarían sólo al pago de rentas y no a inversiones.

Las afirmaciones están contenidas en el Informe Nacional de Coyuntura No. 51 que edita la Fundación Milenio y que conoció LA PATRIA.

Actualmente, el ahorro de más de 1.200.000 afiliados a las Aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFPs), superan los 4.660 millones de dólares, que, de prosperar el proyecto gubernamental, pasarían a la llamada Gestora de Seguridad Social y eventualmente, podrían destinarse a cubrir el déficit fiscal, con la promesa de que futuros ingresos del Estado garantizarían las jubilaciones futuras.

En el Sistema de Reparto los trabajadores activos aportaban para las pensiones de los jubilados, en la esperanza de que la próxima generación haría lo mismo con ellos. No había un vínculo entre los aportes del trabajador y su jubilación. Las mejores jubilaciones no eran para los que más ahorraban, sino para los que más influencia o capacidad de presión tenían.

El sistema vigente consiste en que los trabajadores acumulan sus aportes en cuentas individuales. Las AFPs invierten esos recursos y distribuyen las ganancias entre todos. En estos años, los aportantes ganaron un 9% anual obre su ahorro acumulado, una tasa muy superior a la de las cajas de ahorro. Eso garantiza las jubilaciones.

El proyecto del Gobierno propone que los aportes y ganancias acumuladas se transfieran a la Gestora estatal que pagaría pensiones exclusivamente con los aportes de los afiliados y de acuerdo a montos definidos políticamente. Así se volvería al sistema de Reparto en el que las prestaciones salen de un fondo común y no dependen del esfuerzo de ahorro que hayan hecho las personas en su vida laboral. Las pensiones serían fijadas políticamente y estarían sujetas a las presiones de grupo.

COBERTURA

Durante los cuarenta años que funcionó el Sistema de Reparto en el país (1956-1996) apenas logró asegurar a 328.884 personas. El Sistema de Capitalización Individual en trece años (1997-2010) afilió a 1.276.525 personas.

El sistema de reparto solamente cubrió a los asalariados aunque era voluntario para los independientes, en el vigente que es de capitalización individual, más de 50 mil afiliados son trabajadores independientes.

El proyecto del Gobierno obligaría a las empresas a realizar aportes, pero eso excluye a los independientes o los deja en desventaja, volviendo a privilegiar a la minoría laboral que tiene empleo estable. Los grupos de más influencia política ya están logrando promesas de trato privilegiado en el proyecto del gobierno, en desmedro del resto.

¿QUIEN GESTIONA Y A QUE COSTOS?

El sistema actual es administrado por empresas privadas que sólo pueden dedicarse a administrar los fondos de pensiones (AFP). Ellas llevan una contabilidad para sus recursos y otra específica para los aportes de afiliados.

El Sistema de Reparto estaba a cargo del FOPEBA (una entidad pública) que administraba los aportes básicos y de 37 Fondos Complementarios encargados de los aportes adicionales de carácter sectorial. En su gestión primaban los criterios políticos y sindicales.

El Gobierno propone crear un monopolio a cargo de una entidad pública que se denomina Gestora de Seguridad Social.

Las AFP financian sus gastos de administración con una comisión del 0.50 por ciento del salario del trabajador.

Como el Aporte para la Jubilación es de 10 por ciento, entonces, el costo administrativo equivale a un 5 por ciento del aporte realizado. Este monto fue uno de los criterios de selección utilizados en la licitación internacional con que se contrató a las AFPs y es de los más bajos del continente.

Hacia 1995, los gastos de administración de los Fondos Complementarios representaban entre 10 y 35 por ciento de los aportes. O sea, ese sistema era entre 2 y 7 veces más caro para el aportante, con el agravante -como se verá luego- de que no generaban ganancias para los afiliados.

El Gobierno propone que, en caso de crearse, la Gestora de Seguridad Social se financie por comisiones pagadas por los afiliados, pero con montos fijados por Decreto.

TRANSPARENCIA

En el actual Sistema de Capitalización Individual, todos los afiliados reciben información detallada sobre el monto de sus ahorros y lo que ellos han obtenido en ganancias, que para muchos representa ya la duplicación de sus aportes.

Por la acumulación de aportes y ganancias, en algunos años como el 2007 las ganancias superan a los aportes de los afiliados, beneficiándolos directamente.

Un afiliado puede acceder a su Estado de Cuenta en cualquier momento y eso le permite saber cuánto dinero tiene acumulado para su pensión, cuántas primas aportó para sus seguros de vida e invalidez, puede verificar si su empleador efectivamente depositó en la AFP los aportes que le retuvo y puede también controlar dónde invierten las AFP los aportes.

Como en el Sistema de Reparto no se ahorra para la jubilación, sino que los aportes pagan la jubilación de otros, no se difunde información sobre lo recaudado ni sobre el destino de los aportes.

LIBERTAD PARA LOS AFILIADOS

En el sistema actual cualquier afiliado puede escoger a la AFP de su preferencia, según la confianza que tenga en cómo se administran sus aportes o si desea mejorar su rentabilidad. También puede decidir un aumento en sus aportes para adelantar su jubilación, escoger cuándo y cómo pensionarse. Así, algunos se jubilan a una edad más temprana y otros piden la devolución de sus aportes para recibir montos mayores aunque por menos tiempo.

Gracias a esto, más de la mitad de los jubilados del nuevo sistema son menores de 60 años.

En el sistema anterior el afiliado no tenía opción de elegir y tampoco en el proyecto del actual Gobierno.

SISTEMA DE CONTROL Y SUPERVISION

La gestión de las AFP es controlada diariamente por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones que sanciona el incumplimiento de las normas legales y regulatorias y protege a los afiliados.

Anteriormente, el INASEP se encargaba de controlar y fiscalizar a los Fondos Complementarios del Sistema de Reparto. Pero durante su vida institucional (1994 – 1997) no pudo ingresar ni hacer efectiva ninguna fiscalización a más del 70 por ciento de los Fondos que operaban en el Sistema. No tenía la posibilidad de detectar a tiempo los fraudes y negociados.

En el proyecto del Gobierno se concentran todas las facultades en el Ejecutivo que también administraría la entidad gestora. Como antes, sería juez y parte.

LAS INVERSIONES

En el sistema de reparto todos los aportes se destinaban a pagar pensiones, por lo que quedaba nada para invertir.

El sistema de capitalización individual es, por el contrario, un mecanismo de ahorro a largo plazo que genera recursos de inversión. Las AFP realizan las inversiones tomando en cuenta normas muy precisas para reducir los riesgos y obtener una buena rentabilidad. Tienen límites, se basan en la clasificación de riesgo de entidades especializadas, y aplican criterios de diversificación y rentabilidad.

A febrero de 2010, los afiliados acumularon, entre aportes y ganancias, más de $us 4.660 millones de dólares. Esos son recursos para financiar inversiones de largo plazo tanto para el sector público como para la actividad económica privada, siempre que califiquen como rentables y de bajo riesgo.

Con el actual sistema, los bolivianos afiliados a los fondos de pensiones reemplazan a los organismos internacionales como financiadores del Estado, fortaleciendo la soberanía del país y disminuyendo su dependencia financiera.

El proyecto gubernamental plantea normas para administración del portafolio pero también otorga a la Gestora de Seguridad Social facultades discrecionales (Art. 90). Y anticipa que los Valores emitidos por el TGN o el BCB no estarán sujetos a los límites establecidos en la Ley.

Esto implica que los aportes acumulados hasta ahora podrían destinarse a cubrir el déficit fiscal, con la promesa de que futuros ingresos del Estado garantizarían las jubilaciones futuras. Esto acentúa la desvinculación entre los aportes laborales y las pensiones, desalentando el ahorro y estimulando la politización del sistema, con lo que, nuevamente, resultarían beneficiados los grupos con mayor poder de presión.

El actual sistema de pensiones ha demostrado ser rentable y sostenible. También es justo, porque premia al que ahorra. Es solidario, porque distribuye las ganancias y es inclusivo porque está abierto a los independientes.

Fuente: La Paz, 05, LA PATRIA.-