Frente al crecimiento del contrabando y las dificultades para combatirlo, de manera especial contra quienes siguen introduciendo autos chutos y enorme cantidad de fardos de ropa usada, la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) ha replanteado su programa de retribución económica a quienes denuncien a los contrabandistas.
Por supuesto que la propuesta es tentadora, pues se trata de la entrega del 10 por ciento del valor verificado en aduana de cualquier decomiso y sabiendo que se trata de millonarias partidas de contrabando, la recompensa puede ser de alto valor, por lo que algunas personas le dedicarán un tiempo especial a la tarea de ubicar, detectar, verificar y denunciar a contrabandistas.
Hablamos de una "tarea", sin embargo la misma no será tan sencilla, pues la perspectiva de ganar una buena retribución por hacer de "soplón" conlleva muchos riesgos y entraña cierta peligrosidad si los denunciados se percatan de quién o quiénes afectaron sus intereses. Hay mucho dinero en juego pero también en peligro de esfumarse de acuerdo a las circunstancias de los hechos.
En el caso de los autos chutos, el asunto puede pintarse con mejor color para los denunciantes, aunque naturalmente las denuncias deben tener cierta base de credibilidad de que se trata de coches indocumentados, para que la aduana proceda a su decomiso. En este caso y de manera abierta se han señalado algunas localidades próximas a la frontera e incluso una en Cochabamba, donde los autos chutos, circulan y estacionan como si fueran legales. En todo caso hay gente que se ingeniará para denunciar la presencia de esas movilidades, para reclamar después la gratificación de la ANB.
En lo que corresponde a ciertas condiciones de seguridad, las autoridades de la aduana garantizan "total confidencialidad" en relación a la identidad de los denunciantes y además por supuesto absoluta reserva, a tiempo de entregar los montos que representen el 10 por ciento del valor de lo decomisado. Se menciona que se trata de una buena opción para ciertas personas que se convertirán en "cazadores" de contrabandistas. Obviamente que no se conocerán muchos detalles de esas operaciones, especialmente en lo que signifique el pago de las recompensas, que entre otras cosas no exigirá factura que identifique al denunciante, algo de lo que la aduana deberá rendir informes.
En el caso concreto de la ropa usada, se sabe que existen depósitos en los que se almacenan los fardos de la mercadería, algunos se ubican en poblaciones rurales, pero también se sabe que existen domicilios particulares en nuestra ciudad donde llegan grandes camiones descargan centenares de fardos y se los distribuye posteriormente a los comerciantes "minoristas", los que más reclaman que se le permita mantener un negocio que resulta ser el sustento diario de muchas familias.
El caso de los comerciantes de ropa usada tiene entonces una connotación social, que seguramente disminuirá mínimamente, con el pago de recompensa a denunciantes, pero difícilmente desaparecerá en tanto no se dispongan programas especiales, como uno anunciado e incumplido que señalaba la reconversión de los comerciantes para convertirse en manufactureros y emprendedores de comercios legales, lo que no funcionó, por tanto algo tendrá que hacerse para que miles de personas y el factor multiplicador familiar, pasen de la ilegal comercialización de contrabando a la legalidad de comercios igualmente rentables, ésta última tarea ya no es cuestión aduanera, corresponde al nivel socio - laboral del gobierno.
Fuente: LA PATRIA
Para tus amigos:
¡Oferta!
Solicita tu membresía Premium y disfruta estos beneficios adicionales:
- Edición diaria disponible desde las 5:00 am.
- Periódico del día en PDF descargable.
- Fotografías en alta resolución.
- Acceso a ediciones pasadas digitales desde 2010.