Opositores temen que protestas en defensa del 21F sean penalizadas

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La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, negó que el Código del Sistema Penal pretenda sancionar las movilizaciones, pero los opositores temen que este artículo ahora se use para frenar protestas en defensa del 21F.

La legisladora mostró que el contenido de este artículo ya estaba previsto en el actual Código Penal, por lo que no es un tema nuevo, menos que el MAS introduzca para penalizar las protestas.

"Es el mismo artículo. Se cambia la palabra reunión de personas por grupo de personas, es la única variación. Que me demuestre la diputada Beatriz Capobianco que con esto se penaliza las movilizaciones", exigió Montaño.

En el actual y en el nuevo código lleva el nombre de "atribuirse los derechos del pueblo", es decir, la "persona que forma parte de una fuerza armada o de una reunión de personas que se atribuyeren los derechos del pueblo y pretendieren ejercer tales derechos a su nombre", dice la norma vigente mientras que la nueva redacción diría "un grupo de personas".

"La señora Capobianco es una mentirosa, porque ha dicho que se está penalizando las movilizaciones. Que me demuestre", sostuvo Montaño, quien cuestionó a la oposición la calidad de sus críticas.

Sin embargo, el diputado Wilson Santamaría cree que el Gobierno ahora sí podría usar el artículo, por ejemplo, si es que grupos de personas se movilizan exigiendo el cumplimiento del referéndum del 21 de febrero de 2016, como anunciaron si es que el Tribunal Constitucional da procedente la acción de inconstitucionalidad abstracta sobre la "repostulación indefinida".

"Nos pueden acusar de atribuirnos la representación del pueblo, podremos ser procesados penalmente si al Gobierno le da la gana de interpretar así", expresó el legislador.

En la concentración del 10 de octubre en defensa de la democracia resolvieron desconocer el fallo del TCP, si es que este viabiliza la repostulación de Evo Morales y anunciaron el desacato.

No obstante, la aplicación parece no estar clara ni para los legisladores del MAS. El diputado Víctor Borda dijo que no atenta contra las movilizaciones sindicales sino cuando se desconoce el ordenamiento jurídico, se atribuyan la soberanía del pueblo o se lesiona el estado de derecho.

"O también hacer marchas cuando se dicten fallos del �?rgano Judicial y se intente desconocer un estado de derecho, los que promueven este tipo de actos (serán sancionados). Cualquier acción que vulnere la Constitución", dijo.

Su colega Juan Cala (MAS) puso otro ejemplo, dijo que si activistas se arrogan hablar y movilizarse en defensa del Tipnis podrían ser pasibles a sanciones.

"Si hay sectores que se pronuncian a favor del Tipnis y no son del Tipnis sí son pasibles a sanciones. Están dentro de ese tipo. Si no vivo no conozco la comunidad, no me puedo apoderar o hablar a nombre de esa organización", sostuvo.

El diputado Santamaría advirtió que si el oficialismo en el Senado no tiene la suficiente apertura para modificar este artículo, se verán obligados a recurrir al Tribunal Constitucional para que se haga control constitucional por lo menos sobre 24 artículos que observaron.

Fuente: La Paz, 24 (ANF)