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Viernes 13 de octubre de 2017

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Perspectiva Minera

Preocupa al sector estatal el crecimiento descontrolado de las cooperativas mineras

13 oct 2017

Hay una diferencia entre los aportes de la minería con las regalías que favorecen a la economía nacional y regional

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Los datos señalan que el sector minero privado genera un 77 por ciento de regalías, en tanto que las cooperativas lo hacen con algo más del 14 por ciento.

Un tema que en el momento actual preocupa a las autoridades del Gobierno nacional, tiene que ver con el desmesurado crecimiento de las cooperativas mineras y consiguientemente de la fuerza humana que tiene ese contingente que en cierto momento gravita políticamente en el quehacer nacional, de manera especial cuando el sector pese a ciertas vicisitudes renovó su "lealtad" al Primer Mandatario, aunque de manera explícita no se trataría de un apoyo al partido gobernante.

En todo caso el movimiento que se produce en el sector minero más numeroso del país tiene un llamativo orden de crecimiento tomando en cuenta la decisión de centenares de desocupados mineros por efecto del cierre de minas en 1985 y que empujó a los verdaderos mineros a organizarse en algunos sindicatos, sumando entonces más de 20 mil efectivos que decidieron conformar cooperativas para dar a sus grupos alternativas de trabajo, sin responsabilidades sociales que además excluyen obligaciones tributarias, por tratarse, por lo menos inicialmente de entidades "sin fines de lucro". En esa condición crecieron las cooperativas mineras alcanzando más de 50 mil afiliados, un número respetable, pero que en poco tiempo se multiplicó hasta sumar, según se indica al presente más de 122 mil afiliados, lo que ya representa una "fuerza laboral" que tienta al sector político y cuyo peso traducido en apoyo ha sido incorporado al partido gobernante.

Pero más allá del apoyo "condicionado" de los también llamados cuentapropistas, las autoridades del sector minero nacional, estiman que el inusitado crecimiento del sector puede generar distorsiones sociales que alteren el conjunto de planes ordenados que deben perfilarse en materia minera productiva responsable y organizada. Hay que recordar que un conflicto social ocurrido entre cooperativistas y guardianes del orden, terminó lamentablemente con víctimas fatales, siendo resultado de la presión que ejerce el sector. Como resultado de ese lamentable suceso el Gobierno dictó un paquete de decretos, pretendiendo regular en adelante la actividad de las cooperativas, las que deben regularizar su vigencia cumpliendo normas especiales que todavía no se han cumplido.

En ese orden de cosas lo que se menciona en la actualidad es que el Gobierno dispondría de algunos mecanismos especiales para "regular" el desmesurado crecimiento del sector cooperativo minero, que muy lentamente se acoge a las disposiciones que están vigentes para dar viabilidad a su funcionamiento.

En todo caso en la actualidad, el crecimiento de las cooperativas es realmente preocupante, pues hay cooperativas reales, con fines solidarios y de ajuste a la doctrina del sistema, mientras que hay otras empresas cooperativas, con propietarios que contratan personal de operaciones y están obligadas a cumplir las leyes laborales que rigen en el país, lo que no está sucediendo plenamente.

La solución que se busca es que la actividad de las cooperativas no siga siendo "depredadora" y en todos los casos se desarrolle bajo mínimas condiciones de operabilidad y garantía para sus trabajadores, como para el entorno de las comunidades en que se desarrollan las tareas mineras.

Los cooperativistas mineros se han reunido recientemente en un congreso sectorial, habiendo analizado la situación en que desenvuelven sus actividades y las posibilidades de salir adelante, pese a las contingencias que implica la vigencia de normas y su cumplimiento, además las posibilidades de lograr ciertas condiciones que sean favorables a sus intereses.

La otra

realidad minera

A poco más de dos meses para que culmine la gestión presente (2017) todavía no se vislumbra una solución estructural en materia de encarar la minería productiva en el país, debido a una demora increíble en la reestructuración de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) que sigue desempeñándose en su pesada estructura burocrática, persisten algunas restricciones en el orden productivo del sector estatal, limitándose las actividades a las rutinarias de las empresas en funcionamiento, pero sin ninguna nueva opción renovadora en materia de habilitar nuevos yacimientos y llegar a la fase práctica de la ansiada "reactivación minera", que entre conceptos especiales, nada tiene que ver con una "refundación de Comibol", una instancia de pesado trámite e inutilidad operativa para encarar la nueva estructura empresarial de eficiencia en el manejo de la minería y metalurgia, pero además en el cuidado de la industrialización de las riquezas naturales de litio en los salares y el hierro en el Mutún.

Es evidente que está fallando también el factor organizativo técnico y legal, al no poder ser utilizada la Ley 535 porque carece de reglamento y al postergar la atracción de capitales, al no tener actualizada una escala tributaria competitiva y que incluya incentivos para las grandes inversiones. Este es otro factor adverso que retiene el despegue de la minería y alcanzar un nivel activo en la industrialización de nuestros concentrados y estos metales en futura materia prima de una industria diversificada.

Las cosas se demoran en la medida que no hay definiciones concretas y se cruzan otros elementos adversos a los verdaderos planes de la reactivación minera desde la fase importante de prospectar, explorar y establecer nuevos yacimientos de explotación minera. Una situación preocupante para el futuro inmediato de nuestra minería.

Medios. Agencia Uru. PM.

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