En un informe repleto de duras crÃticas al Ministerio Público y al Poder Judicial, el diputado Bonifacio Andrada, instructor del caso en la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara baja, recomendó que las nuevas acusaciones contra el mandatario sean archivadas, asà como ocurrió con una primera denuncia por corrupción pasiva rechazada por el Congreso en agosto pasado.
Temer ha sido acusado ahora por la FiscalÃa de obstrucción a la justicia y asociación ilÃcita sobre la base de unos testimonios prestados por los dueños del grupo cárnico JBS en el marco de un acuerdo de cooperación judicial.
Según declaró Andrada, la acusación "no tiene respaldo", no ha sido "debidamente probada" y algunos elementos en que se apoya son fruto de testimonios que están en tela de juicio, como los de los ejecutivos de JBS, a los que "no se les puede conferir valor" legal.
"Por todo eso, se impone la suspensión del proceso", declaró.
Andrada indicó además que muchas de las supuestas irregularidades relatadas en la denuncia datan de fechas anteriores a mayo de 2016, cuando Temer asumió el poder una vez que comenzó el juicio polÃtico que llevó a la destitución de Dilma Rousseff.
En ese marco, citó que la Constitución brasileña impide en forma expresa que un presidente en ejercicio del poder sea sometido a un juicio penal por hechos ocurridos antes del inicio de su mandato, que en ese caso solo pueden ser juzgados una vez que deje el cargo.
Aferrado a ese hecho, hizo una dura crÃtica a los "excesos" del Ministerio Público en su "afán acusador" contra "toda la clase polÃtica" del paÃs, salpicada por graves y recurrentes escándalos.
"El Ministerio Público hoy domina a la PolicÃa Federal junto con el Poder Judicial" y "puede ser considerado como un nuevo poder" que a veces "tiene más autoridad que un juez", declaró Andrada.
El instructor añadió que, de esa manera, "el Poder Legislativo y el Ejecutivo se debilitan frente a un Ministerio Público que pasa a tener un papel preponderante en la sociedad", pero con una conducta "policÃaca" que genera un "desequilibrio institucional".
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