En Corpus Christi, el MAS apura ley de reforma del Poder Judicial
04 jun 2010
Fuente: La Paz, 3, LA PATRIA.-
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Las protestas de la oposición ni las acusaciones de apostasía frenaron ayer a la bancada de diputados del MAS que pisó el acelerador a fondo hasta aprobar la Ley del Órgano Judicial, una de las cinco normas orgánicas, que la Asamblea Legislativa debe aprobar antes de fines de julio, según mandato de la nueva Constitución Política del Estado.
Se trata de la primera ley que se aprueba en un feriado católico cristiano. Los legisladores de la oposición asistieron a la sesión pero protestaron contra la decisión de aprobar la ley en Jueves de Corpus Christi, cuando se pudo haber realizado esa gestión, los días lunes o martes, que no se registraron sesiones.
La diputada de Convergencia, Adriana Gil, exclamó que el MAS “está cometiendo el error de otros que se han creído más que Dios y han caído” y protestó por la decisión de aprobar la ley en un feriado.
La nueva Ley del Órgano Judicial crea el Tribunal Agroambiental, el Tribunal Supremo de Justicia, el Conciliador, el Defensor del Litigante, y el mecanismo para la designación de nueve magistrados titulares.
La diputada por el MAS, Cecilia Ayllón, dijo que pese a las quejas de la oposición “se está avanzando con normalidad”
“Ya hemos aprobado varios artículos en detalle. La postura de la oposición es propositiva, estamos avanzando sin mayor dificultad, obviamente el debate es amplio, es plural y es obvio que tanto oposición como oficialismo pueden intervenir”, dijo.
Entre otras modificaciones la norma del MAS también establece la potestad del Ministerio Público para ordenar detenciones, atribución que actualmente corresponde al Poder Judicial.
En otras modificaciones, la ley en cuestión otorga a los fiscales la atribución de ordenar detenciones. El artículo 226 de modificación normativa dice textualmente que el “fiscal podrá ordenar la aprehensión del imputado cuando sea necesaria su presencia y existan suficientes indicios de que es autor o partícipe de un delito de acción pública sancionado con pena privativa de libertad, cuyo mínimo legal sea igual o superior a dos años”.
La persona aprehendida por orden fiscal será puesta a disposición del juez, en el plazo de veinticuatro horas, para que resuelva dentro del mismo plazo, “sobre la aplicación de alguna de las medidas cautelares previstas en este Código o decrete su libertad por falta de indicios”, dice el proyecto legal.
La oposición también reclamó por la participación de autoridades indígenas en el Tribunal Constitucional. Pero la diputada por el MAS, Rebeca Delgado aclaró que los magistrados del órgano de control constitucional deben mostrar méritos, “no solo académicos, sino de servicio a la sociedad”.
Ayllón dijo por su parte que “esta norma es todo lo contrario a la justicia que actualmente tenemos, que para empezar es dilatoria, es selectiva y obviamente todo eso tiene que volcarse en sentido positivo en lo que es nuestra nueva norma orgánica judicial”.
Fuente: La Paz, 3, LA PATRIA.-
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