Oposición afirma que CIDH tendrá fallo y que resolución del TCP podría no tener valor

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Los líderes opositores interpondrán este jueves una denuncia contra la repostulación del Presidente Evo Morales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aseguran que el fallo del Tribunal Constitucional "no va a tener ningún valor" si es que la decisión de la CDIH es contraria.

Los ex presidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga; el ex vicepresidente, Víctor Hugo Cárdenas; los jefes de partidos políticos: Samuel Doria Medina y Rubén Costas resolvieron acudir a la CIDH, a través de los legisladores �?scar Ortiz y Arturo Murillo para representar a los más de 2 millones de personas que el 21 de febrero de 2016 dijeron No a la reforma del artículo 168 de la CPE.

Ortiz y Murillo viajarán junto al abogado Carlos Alarcón a Washington sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), este jueves, con el propósito de presentar formalmente la denuncia y queja.

"Esta demanda que ha sido admitida por el TCP, tiene como fundamento el Pacto de San José de Costa Rica, cuya autoridad natural para interpretar es la propia CIDH. Estamos llevando precedentes contundentes y categóricos de la CIDH, que demuestra que los derechos violados no son del Presidente sino de los millones de electores que depositamos de buena fe nuestros votos en las urnas, se ha pasado por alto por un fallo de los magistrados del tribunal", explicó Alarcón.

"Ese fallo del TCP independientemente de los tiempos que tomen para ello, va a tener que ser contrastado con una decisión superior a ese fallo que será la decisión definitiva de la CIDH, entonces va a tener que evaluar el TCP ante este golpe que se está dando a la democracia y al estado de derecho, a la soberanía popular, el día de mañana ese fallo no va tener ningún valor en la medida en que haya una decisión contraria de la CIDH", afirmó.

Un grupo de legisladores del MAS presentaron ante el Tribunal Constitucional, una acción de inconstitucionalidad abstracta, argumentan que la Constitución no es concordante con el Pacto de San José de Costa Rica, porque pone límites a la reelección del presidente, vicepresidente y otras autoridades electas, lo que supuestamente contradice la convención internacional.

Alarcón dijo que la CIDH evaluará si paraliza o no el tratamiento de la acción de inconstitucionalidad abstracta que fue admitida por el Tribunal Constitucional, pero lo que está claro es que la "decisión final, principal y determinante ya no está en el ámbito de Bolivia, claramente la definición de este asunto está en el ámbito internacional".

La demanda de los opositores tiene como principal objetivo que la CIDH determine quién está violando el Pacto de San José de Costa Rica, si es el Presidente (Evo Morales) o por el contrario son todos los ciudadanos que están en contra de que se anulen artículos de la Carta Magna o se desconozca la voluntad popular del referéndum del 21 de febrero del 2016.

El senador Oscar Ortiz dijo que está en juego los principios democráticos, la soberanía popular y el estado de derecho, porque el MAS pretende "mutilar" la Constitución Política del Estado al dejar inaplicables cuatro artículos de la norma Suprema referidos a la repostulación del presidente, vicepresidente y otras autoridades.

Viaje de la delegación gubernamental a la OEA

El senador Arturo Murillo protestó por el viaje de la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño y del ministro de Justicia, Héctor Arce a Washington, para denunciar ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) la "injerencia" en asuntos internos del secretario General de ese organismo, Luis Almagro.

"El MAS viaja a Washington para pedir permiso para violar la Constitución. Nosotros viajamos a la OEA a Washington a defender la democracia. No usamos recursos del pueblo boliviano, lamentablemente hasta para violar la Carta Magna el Gobierno usa recursos del Estado", lamentó el legislador.

"Nosotros iremos con nuestros recursos económicos", dijo Murillo, para representar que Montaño y Arce viajan al exterior con recursos económicos del Estado, cuando la motivación del viaje es estrictamente particular y de interés específico del MAS y de un par de legisladores.

Fuente: La Paz, 3 (ANF)