Quien quisiera ir por ese camino, tropezaría con el principal obstáculo que está vigente en el marco de la democracia y que se reconoce como la libertad de expresión, atributo que deviene de la libertad mayor, la de pensar libremente y en ese contexto está la libertad de prensa, un derecho inalienable que no puede judicializarse.
El tema emergente de una modificación que buscan algunas autoridades del poder Legislativo para corregir una norma que ya fue lanzada pero que ocasionó un rechazo sectorial por sus delicadas implicaciones, como la "mala práctica médica" que estuvo como parte del art 200 del proyecto del Código del Sistema Penal, llevó a un supuesto arreglo cambiando la idea por "mala práctica profesional" de modo que entran en la canasta todos los profesionales, muchos sectores que por supuesto tienen sus propias normas institucionales y se rigen bajo elementos especiales, en caso de incurrir en errores que puedan convertirse en delitos.
Hay un problema en el criterio de quienes presiden las Cámaras Legislativas, según el presidente del Senado, la "mala práctica profesional" alcanzaría a todos los rubros, entre estos a los comunicadores y los periodistas, mientras que para la presidenta de la Cámara de Diputados, se descarta que dicho proyecto (Art 200) afecte al trabajo periodístico, respetándose la Ley de Imprenta y las normas de los sectores gremiales y profesionales de la prensa en general.
Indudablemente que la supuesta salida que se propuso en nivel camaral y que la asumió una autoridad legislativa, estaba dirigida a "marcar" en todo caso la vulnerabilidad por la que atraviesan todas las profesiones, en las que pueden ser detectadas "mala práctica", en unas con mucha más notoriedad que en otras, pero manejadas en límites de sus propias normas, especialmente "códigos éticos" que deben practicarse, respetarse y cumplirse.
Hay que tomar en cuenta la posición de la presidenta de la Cámara de Diputados, cuando señala además que "la modificación en el Art. 200 no fue planteada por la Asamblea Legislativa sino por el Colegio Médico de Bolivia, con lo que desvirtuó que se quiera penalizar la labor de los periodistas".
En todo caso la preocupación en el sector de los trabajadores de la prensa, radio, TV, periódicos y medios digitales ha sido recogida por los dirigentes de las diversas instituciones en las que están afiliados los trabajadores del sector, como la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), la confederación del sector ha lamentado la amenaza vedada de pretender judicializar la actividad de los periodistas, que en realidad y desde siempre rigen sus tareas al amparo de la Ley de Imprenta y los Códigos vigentes institucionalmente para responder seriamente a la expectativa ciudadana, que diariamente está pendiente del trabajo del sector para saber lo que pasa en el país y fuera de él.
La prensa está en emergencia y su pronunciamiento colectivo es que "no vamos a permitir al poder político que pueda fragmentar la libertad de expresión o vulnerar el pilar fundamental que tiene un país democrático, que es su prensa libre"
Ante el decidido rechazo de los organismos empresariales, profesionales y gremiales del periodismo, se abre la oportunidad de reunir a las autoridades legislativas con los representantes de la prensa en general, existiendo el compromiso antelado de modificar el Art. 200 del proyecto del Código Penal, eliminando taxativamente al sector de la prensa nacional. Se espera buenos resultados.
Fuente: LA PATRIA
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