Una Constitución a la medida de un "narco"

En la residencia presidencial de San Jorge, entre septiembre y octubre de 2003, en una de sus dependencias se instaló una sala de debates y planificación que se denominó tristemente el "War Room", traducido al castellano viene a ser algo así como "Cuarto de Guerra".

Tres pedidos principales entre muchos otros eran la demanda popular a Sánchez de Lozada, cuya sordera a los mismos propició su desastrosa caída. No venderle gas a los gringos a través de Chile era la primaria, un referéndum y una Asamblea Constituyente complementaban ese tridente, después de 14 años uno ve lo simple que hubiera sido dar curso a esos pedidos populares, pero el Goni tenía a los dos últimos un miedo terrible, pues pensaba que la unidad de Bolivia dependía de que la izquierda no consolide esas cabeceras de playa.

El gringo fue claro y directo: "Vas a hacer Asamblea�. pero con otro presidente". El jueves 16 por la noche, se comió sus palabras, y en cadena nacional aceptó convocar a una Asamblea pero ya era muy tarde. 4.000 mineros estaban durmiendo en la UMSA sobre un colchón de dinamitas, pensaban deshacer La Paz al día siguiente tratando de repetir un 21 de julio con el detestado mandatario como actor principal.

Al día siguiente el "gringo" se fue a Miami, Mesa asumió la presidencia, volvió la calma a Bolivia, pero la semilla de una Asamblea que transforme la Carta Magna estaba echada en terreno fértil, pese a los temores de una clase política que le quitaba el trasero a la jeringa, desde que la Primera Marcha por Territorio y Dignidad de 1990, hizo los primeros pedidos para ser reconocidos como parte de nuestro Estado mediante este tipo de instancia democrática.

En Colombia, a mediados de los años 80, la situación era bastante similar. Su CPE había sido promulgada en 1886, un siglo después la misma no sólo estaba obsoleta, sino que no se adecuaba a ninguna de las necesidades actuales de un país, que de a poco estaba empezando a sucumbir víctima de grupos que jalaban la cuerda cada uno para su lado, descuartizando por completo a la patria de la cumbia y el ballenato. Ganaderos y terratenientes, ejércitos guerrilleros, narcotraficantes, paramilitares y un gobierno ineficiente dejaban a la sociedad civil a expensas de los abusos que estos cometían contra todas y todos, quienes sin una nueva CPE se sentían absolutamente indefensos.

Desde Belisario Betancourt llegaron los pedidos al Congreso Nacional, la única institución capaz de convocar a la instalación de una Asamblea. Pero este poder del Estado estaba compuesto justamente por gente que era o parte de esos grupos o que estaba sometida, presionada o comprada por los mismos, de manera que cada que se podía, se encontraba la forma de boicotear ese pedido nacional y la intención quedaba en eso, frustrando a los colombianos de su legítimo derecho de contar con una CPE acorde a su realidad y necesidades.

Durante toda la presidencia de Virgilio Barco, otros tres intentos fueron de una u otra manera diluyéndose hasta que las circunstancias ante todo de violencia, obligaron a que se asuman medidas ya no del lado de las autoridades sino del pueblo en movimiento.

La masacre de 12 funcionarios judiciales en La Rochela (Santander) en enero; el asesinato de José Antequera en marzo; el crimen del gobernador de Antioquia Antonio Roldán en junio; el magnicidio de Luis Carlos Galán en agosto; la bomba contra El Espectador en septiembre; la explosión del avión de Avianca con 107 muertos en noviembre, y la destrucción del DAS en diciembre junto a cientos de otros crímenes, secuestros y carros bomba, puso a todo Colombia a merced del Cartel de Medellín.

La juventud se hizo cargo, estudiantes de las universidades del Rosario, Los Andes y la Javieriana, aprovechando una elección de autoridades donde sólo debían haber seis papeletas para elegir Senado, Cámara, Asamblea, Alcaldía, Concejo y Consulta Liberal, lograron (presión de por medio) que se acepte una séptima papeleta con un plebiscito que hiciera viable una Asamblea Constituyente.

El resultado fue contundente, y un 80% de aprobación popular provocó que Barco a base de un Estado de Sitio, obligue a la Corte Electoral a aceptar esa decisión y su sucesor César Gaviria, instaló el ente deliberante que se puso a redactar la nueva Carta Magna.

Desde que Pablo Escobar hiciera matar al ministro de Justicia, Alfredo Lara Bonilla, primer magnicidio que dejó estupefacta a toda Colombia, los miembros del Cartel de Medellín principalmente y los de Cali en segundo plano, hallaron su mayor temor en ser extraditados a los Estados Unidos, país en el que sabían los esperaba una celda de 4 x 4 sin ningún tipo de privilegios y largas condenas de las que no querían saber.

Dicho temor dio lugar a la creación de un pseudo grupo denominado "Los Extraditables" que le declaró la guerra al Estado Colombiano, con el que negoció en distintas oportunidades y de diferentes formas la manera de que se les asegure ser juzgados en su patria sin que nada ni nadie los saque de ahí.

Todos los intentos se iban frustrando, justamente porque a cada oportunidad le sucedía una serie de hechos terroristas que tiraban por el piso lo avanzado. Hasta que llegó la Asamblea Constituyente, única posibilidad que el capo de los narcos jamás había considerado, que contradictoriamente fueron sus víctimas en potencia las que la propiciaron, pero que sería la mejor oportunidad para aprovecharla al máximo y salirse con su gusto, no solo de asegurarse que nunca vaya detenido a Estados Unidos, sino de demostrar que él era quien mandaba en su patria.

Gaviria hizo todo para que no se tratara la extradición en la Asamblea, pero bajo el lema de "plata o plomo" el patrón se compró a todos los miembros y el tema se estaba tratando al día 10. La muerte de Diana Turbay a manos del "Bloque de Búsqueda" en una encerrona con los narcos, fue el corolario que terminó por destrozar al flamante presidente, que lo obligó a firmar el Decreto 2047 con el que le permitía al capo entregarse y cumplir una ridícula condena en una cárcel que él mismo construyó, en la que seguiría delinquiendo, de la que huyó un año después cuando el Estado ya no le podía permitir seguir haciendo de las suyas a costa de todo un país.

El caso de Escobar es la más clara muestra de que las Constituciones, no en espíritu sino en redacción, también pueden estar manipuladas para el beneficio de una persona, una corporación o un grupo que decide tener privilegios por encima del resto de ciudadanos cuando se supone que la Carta Magna ampara a todos por igual.

De la misma manera que en Bolivia, en Colombia hay un debate, pues si bien la extradición está vetada por la CPE, existe un tratado entre Estados Unidos y la patria del café, en el que se define este accionar legal y que data de mucho antes que la promulguen. En la CPE colombiana al igual que la nuestra, en su redacción existe una primacía por la que los tratados internacionales están por encima de la CPE.

Que el caso colombiano no sea el nuestro, y que bajo ningún caso, nuestra norma primaria, sea violentada sólo para estar a la medida de una sola persona, así eso incluya a su grupo corporativo.

(*) Es paceño, stronguista y liberal