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Lunes 25 de septiembre de 2017

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Editorial
Ley de transporte público
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Editorial y opiniones

Editorial

Ley de transporte público

25 sep 2017

Fuente: LA PATRIA

Si en algo tienen razón los dirigentes del autotransporte público, es que no existe una ley que regule la actividad de ese sector para que el mismo se desenvuelva en condiciones de orden, de respeto a normas establecidas y permita que la colectividad que utiliza diariamente el transporte de pasajeros, se sienta cómoda y segura. Una manera de insinuar que la falencia existente es la causa de todo el caos vigente en el movimiento de miles de unidades motorizadas que sirven a centenares de pasajeros a lo largo y ancho de la ciudad.

El reconocimiento de los chóferes de servicio público ante el caos vigente, tiene otra connotación especial y es que se trata de evitar o por lo menos de retrasar la aplicación de normas paliativas al desastre aplicando, como se hace en otras ciudades, un plan de restricción de circulación vehicular en función a un orden que esté definido por los dígitos de las placas y tenga cumplimiento entre lunes y viernes de cada semana, lo que disminuiría ostensiblemente la masiva presencia física de motorizados.

La medida ha dado resultados en otras ciudades y de ese modo inclusive se han establecido planes para que los días en que ciertos vehículos no circulen en la ciudad sean objeto de reparaciones, mantenimiento y limpieza general. Esa idea que todavía está en análisis para su aplicación, ha motivado la preocupación de los propietarios y chóferes del transporte público que no admiten la suspensión de su trabajo algunos días de la semana.

El problema vigente es que todo el esquema de rutas, creación de servicios, ampliación de los mismos en contados casos, el uso inmoderado y desordenado de señales alfa numéricas que establecen las líneas a gusto y paciencia de los conductores hace que en ciertas horas, las llamadas "pico", existan más minibuses que en otras, alterando las rutas y perjudicando a centenares de pasajeros, además de que en muchos casos reducen ostensiblemente las rutas de punta a punta y sólo cumplen una parte de la misma pero cobran por un total de recorrido que no realizan.

Es importante que las autoridades del legislativo comunal asuman responsabilidad directa en este asunto, puesto que los mismos transportistas están demandando una Ley de Transporte Municipal, que ponga orden en el enmarañado sistema de autorizar y otorgar "líneas" que hasta ahora favorecen a sindicatos o cooperativas de transporte dentro un sistema de pago de un derecho, por supuesto, costoso que es una inversión aparte para tener "derecho al trabajo".

En estas circunstancias se desenvuelve el transporte público, especialmente el de los minibuses, los coches más incómodos para trasladar pasajeros, pero los que hacen gran negocio ante la necesidad de los vecinos de trasladarse de sus barrios hacia el sector central de la ciudad y viceversa, en condiciones deplorables, pero lamentablemente soportables por necesidad ineludible de transporte.

Hay que aprovechar la coyuntura y acceder al pedido del autotransporte para definir la elaboración de una "Ley de Transporte Público", instrumento que debe comenzar en comisiones especiales, en las que intervengan inicialmente las autoridades competentes, sean de la comuna y la Policía de Tránsito, para esbozar los lineamientos generales de la norma que posteriormente sea socializada entre los transportistas y los vecinos, a objeto de que el instrumento sea de pleno conocimiento de las partes involucradas para su cumplimiento. Mientras tanto el plan de restricción vehicular, puede ser un desahogo en el caos.

Fuente: LA PATRIA
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