Domingo 24 de septiembre de 2017
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El editorial de El Deber del 14 de septiembre señala, entre otros conceptos, que el contrabando desalienta a la inversión y que, junto a restricciones a la exportación, constituye una combinación perversa que se debe eliminar. Asimismo, la falta de seguridad jurídica es un escollo para las inversiones de los empresarios nacionales para aumentar su producción, la generación de empleos y exportaciones.
Con esos conceptos de fondo, el empresario nacional está limitado a actividades de sobrevivencia, que nada tiene que ver con el crecimiento del país, que es reflejo de la venta de gas al exterior, o sea, de una actividad netamente extractivista, que desvirtúa la real situación económica en la que deben desenvolver sus actividades las empresas nacionales.
Como ocurre en los últimos años, "sobre llovido, mojado", no son los factores citados los únicos que afectan a la actividad económica privada en el país, además de ellos, el Gobierno se esfuerza en colocar la mayor cantidad de obstáculos posibles y no necesariamente inteligentes ni coherentes, como vemos en las inclusiones en el proyecto de reforma del Código Penal, que incorporan la figura de que las personas jurídicas pueden ser tratadas como delincuentes, es decir, que esas ficciones legales pueden cometer delitos, aclarando que se entiende por delito la "conducta típicamente antijurídica y culpable", y que una ficción -como es la persona jurídica- no actúa por sí misma sino por intermedio de sus representantes que sí son personas físicas que pueden cometer delitos.
