Alcaldes secesionistas de Cataluña se niegan a declarar ante la Fiscalía

Alcaldes catalanes investigados por colaborar con el referéndum independentista se acogieron hoy (ayer) a su derecho a no responder ante la Justicia, por considerar que la fiscalía se está extralimitando en sus funciones.

Los juzgados volvieron hoy (ayer a protagonizar el contencioso institucional en España derivado de la intención del Ejecutivo de la región de Cataluña de celebrar una consulta secesionista el 1 de octubre, suspendida por el Tribunal Constitucional.

La decisión de 712 de los cerca de un millar de alcaldes con que cuenta Cataluña de ceder espacios municipales para albergar la consulta de octubre llevó a la fiscalía a citarlos por desobedecer la orden del Constitucional de no colaborar.

Los primeros regidores en comparecer se acogieron al derecho constitucional a negarse a prestar declaración y a la salida explicaron a la prensa que la fiscalía se está extralimitando al imputarles y que la causa del referéndum está judicializada.

La formación Ciudadanos (liberales) habían propuesto cerrar filas en torno al Ejecutivo español (PP, centroderecha), pero los socialistas, los izquierdistas de Podemos y las formaciones nacionalistas lo impidieron.

Mientras tanto los agentes de la Guardia Civil siguen trabajando para impedir la consulta convocada para el 1 de octubre, considerada ilegal, y hoy (ayer) se incautaron de documentación relacionada con el censo del referéndum independentista durante el registro de una empresa de mensajería de la periferia de Tarrasa, en la periferia de Barcelona.

A diferencia de lo intervenido en otros registros, en este caso se trata de material directamente relacionado con el censo del referéndum y no simplemente propaganda.

La Agencia Española de Protección de Datos abrió este lunes una investigación para averiguar si se ha producido un acceso ilícito a bases de datos estatales para la creación del censo electoral catalán con vistas a la eventual consulta.

La elaboración del censo para todo tipo de elecciones que se celebran en España es una competencia de la Oficina del Censo Electoral, un organismo estatal, y el proceso para elaborar el listado para unos comicios no se inicia hasta que la convocatoria no se publica en el Boletín Oficial del Estado, lo que no ha ocurrido con el referéndum catalán, suspendido por el Constitucional.

Asimismo, el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pidió hace unos días a los ciudadanos catalanes que sean citados para una mesa ante la consulta del 1-O que no acudan a esa llamada.

Mientras tanto, en Gerona, la sede de la empresa municipal de aguas fue registrada en la investigación de un supuesto desvío de fondos de 15 millones de euros mediante facturación falsa.

El registro se vincula con la causa conocida como "del 3 por ciento", que tiene que ver con la presunta financiación ilegal del partido CDC, ahora llamado PDCat, al que pertenece Puigdemont, que fue alcalde de Gerona entre 2011 y 2016.

Ese apelativo del "3 por ciento" tiene que ver con la supuesta comisión que ese partido nacionalista se llevaba de cada contrato público que el Gobierno catalán concedía a una empresa privada.

Mientras tanto, el vicepresidente del Ejecutivo regional y responsable de Economía, Oriol Junqueras, dijo hoy (ayer) que seguirá gestionando las finanzas de la comunidad después de que el Gobierno español acordara el pasado viernes asumir los gastos esenciales de Cataluña para verificar que no deriva recursos públicos al referéndum del 1-O.

Las autoridades de Barcelona presentaron un recurso ante el Supremo que incluía una petición de suspensión provisional de esa medida y Junqueras aseguró que el Supremo lo ha admitido a trámite y se paraliza la intervención.

Sin embargo, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, lo negó al afirmar que el Tribunal no ha tomado medida cautelar alguna respecto al control de las cuentas catalanas y que la admisión a trámite del recurso significa que "lo va a estudiar", sin prejuzgar nada.

Fuente: Barcelona (España), 19 (EFE).-