El que la comunidad Uru-Chipaya sea la más antigua de la región occidental del altiplano nacional, la única que guarda celosamente su origen étnico, incluso su propia lengua (el puquina) y mantiene todavía los rasgos de una colectividad independiente y que se rige por sus propias leyes, parece no tener sentido de preservación, por parte de las autoridades para evitar su disgregación y al contrario facilitar las condiciones apropiadas de sobrevivencia en su hábitat y en las mejores condiciones de conservación étnica, cultural y social.
La colectividad de los Chipayas no puede desaparecer, al contrario debe mantener intacto su modo de vida, costumbres y tradiciones, cuidando que la contaminación externa altere su idiosincrasia y sus valores ancestrales. Para ese fin se hacen necesarias medidas urgentes que sean dispuestas desde la Gobernación y que tengan pleno respaldo del Poder Ejecutivo para su cumplimiento, tomando en cuenta las necesidades perentorias de la comunidad chipaya.
En el último tiempo y con la desgracia que significa la desaparición de los lagos Uru Uru y Poopó, la situación de los chipayas se complicó seriamente, observándose una migración de los varones jóvenes especialmente y de adultos hacia ciudades del interior, pero de manera preocupante al país vecino de Chile, donde se emplean como ayudantes de construcción, o en otras actividades en las que logran algunos ingresos para mantener sus familias. El caso penoso es que un porcentaje de esos migrantes no retorna a su comunidad de origen.
La falta de empleo, la imposibilidad de continuar con tareas de pesca, y en época como ganaderos y agricultores, coloca a los chipayas en la disyuntiva de trabajar fuera de su comunidad o en la que deben ejercer con todo derecho para que sus problemas sean solucionados y sus necesidades atendidas, desde el nivel departamental en la Gobernación y por parte del Gobierno a través de varios ministerios que tienen que ver directamente con la conservación de nuestras comunidades, más aún si se trata de una especial como la milenaria Uru-Chipaya.
El gran problema de los chipayas es la carencia de agua para poder mantener sus actividades agrícolas, por un lado, pero también para la vida y multiplicación de su ganado, cada vez más exiguo y débil, por falta de abrevaderos y pastizales. Hay un daño que sufre la comunidad chipaya desde que Chile de manera autoritaria desvió el curso del río Lauca de curso internacional y que regaba de manera natural parte del árido territorio nacional. El río Lauca disminuyó casi totalmente su dotación natural, por un desvío ejecutado por Chile y que lamentablemente no ha sido repuesto, pese a recomendaciones, incluso de organismos internacionales.
Tratándose de agua las relaciones entre Chile y Bolivia no son las mejores, pues sin tocar el tema mayor que tiene que ver con nuestra reivindicación marítima, están los casos arbitrarios que comete Chile, como el uso indebido e irracional de las aguas procedentes de las vertientes del Silala, por la que el país vecino reconoce que debe pagar por ellas, pero no lo hace, mientras que por otra parte desvía las aguas de un río internacional, el Lauca, y pone en riesgo la vida de una población que necesita de agua para subsistir.
Algunos dirigentes de la comunidad afectada y poblaciones aledañas, plantean a nuestras autoridades buscar soluciones reales al problema, señalando que al tratarse de agua el Departamento de Potosí está en su pleno derecho de dar uso a las aguas del Silala, en nuestro territorio y en las condiciones que más convengan a nuestros intereses. La necesidad de los Chipayas, es lo más elocuente en materia de tener agua para sobrevivir.
Fuente: LA PATRIA
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