Constitucional y Fiscalía de España siguen actuando contra referéndum catalán

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El Tribunal Constitucional español (TC) suspendió hoy (ayer) la ley para crear un Estado catalán, un nuevo paso para impedir el proceso independentista, que se une a la orden de la Fiscalía para que las fuerzas de seguridad actúen contra los que preparen el referéndum secesionista ilegal convocado para el 1 de octubre.

Ambas decisiones responden a las demandas del Gobierno español, que ha centrado hasta ahora su respuesta al desafío soberanista catalán en sus recursos a los tribunales, con el argumento de que no se puede hacer nada que vaya en contra de la ley y la Constitución.

Los secesionistas catalanes pretenden "atentar contra los derechos de todos" e "imponer algo ilegal", afirmó hoy (ayer) el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, en alusión a la convocatoria del referéndum.

Por su parte, la orden de la Fiscalía, dirigida a las fuerzas de seguridad presentes en Cataluña -Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d´Esquadra (policía autonómica)- va encaminada a evitar la "consumación del delito", después de que el Tribunal Constitucional suspendiera la consulta independentista.

Esta consulta fue convocada la pasada semana por el Gobierno catalán, inmediatamente después de que el Parlamento de esa región española aprobara una ley para regularla.

Tanto la ley como el decreto de convocatoria han sido recurridos por el Ejecutivo español ante el TC, que suspendió ambas iniciativas.

Sin embargo, el Gobierno catalán insiste en celebrar el referéndum, lo que ha hecho aumentar la tensión entre el Ejecutivo central y el regional de Cataluña. "Ustedes han dividido al Parlamento de Cataluña, han dividido a la sociedad de Cataluña y están amenazando a periódicos y alcaldes por no ponerse a sus órdenes", afirmó Rajoy en la Cámara Alta ante la interpelación de un senador nacionalista catalán.

El Gobierno español defiende que no se puede hacer nada que vaya en contra de la ley y la Constitución.

El "bien lo marca la ley" y el Gobierno protegerá a los ciudadanos frente a su "tiranía", declaró por su parte la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sánez de Santamaría, en el Senado ante la pregunta de un representante nacionalista catalán.

Pero el Ejecutivo de Cataluña insiste en celebrar el referéndum, aunque todavía no se sabe cómo se va a organizar, se desconoce el censo electoral, los lugares de votación o de dónde sacarán las urnas y quién ha impreso las papeletas.

La Fiscalía española ordenó a las fuerzas de seguridad que actúen ante cualquier acto ejecutado por autoridades, funcionarios o "particulares en connivencia con aquellos" dirigidos a preparar y celebrar del "referéndum de autodeterminación ilegal".

Los encargados de cumplir esas órdenes serán en su mayoría los Mossos, un cuerpo policial regional que cuenta con unos 16.800 agentes que dependen del Ejecutivo catalán.

Pero ante la orden de la Fiscalía, el responsable de la presidencia del Gobierno regional de Cataluña, Jordi Turull, advirtió este martes de que la "prioridad absoluta" de los Mossos y de su Gobierno es "perseguir terroristas y evitar atentados", y no dedicarse a retirar urnas.

Por otra parte, el TC también notificó este martes al director de la televisión pública de Cataluña (TV3) la advertencia de que no debe dar difusión al referéndum independentista, suspendido por ese organismo.

"Le advierto de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada", dice la notificación.

En la misma línea, un juez de Madrid acordó hoy (ayer) suspender de forma cautelar la cesión de un local del Ayuntamiento de la capital para la celebración de un acto a favor del referéndum catalán el próximo domingo, como pidió el gubernamental Partido Popular (PP, centroderecha) en un recurso, al considerar que "es en esencia en un acto de apoyo" a la ley del referéndum suspendida por el TC.

Fuente: Madrid, 12 (EFE).-