Al igual que el caso Achacachi, dirigentes de las Organizaciones Territoriales de Base (OTBs), del municipio de San Buenaventura, fueron encarcelados este fin de semana por orden del Juez Mixto de Ixiamas, Juan Elvis Rioja Barrientos, a solicitud del alcalde Javier Delgado afín al MAS, en respuesta a una solicitud de rendición de cuentas del año 2016, mediante medidas de presión.
El caso tuvo un movimiento jurisdiccional de último rato, porque la audiencia de medidas cautelares debió llevarse en Ixiamas el sábado, pero a solicitud del Fiscal de Materia Rubén Ramiro Cadena Quispe, la audiencia y los cinco imputados fueron trasladados ese mismo día a la ciudad de La Paz, aduciendo falta de seguridad.
El juez envío a detención preventiva a Alejandro Mendoza de la OTB Santa Rosita, a Orlando Hirose de la OTB 16 de Julio a la cárcel de San Pedro, y a Elena Tirina Cartagena de la OTB Jardín Miraflores a la cárcel de Obrajes, mientras que Yolanda Hirose, recibió detención domiciliaria, 5000 bolivianos de fianza y se expidió una orden de aprehensión contra Lorgio Hirose.
El fiscal les imputó por los delitos de asociación delictuosa, instigación pública a delinquir, impedir o estorbar el ejercicio de las funciones, atentado contra la libertad de trabajo y robo agravado, a raíz de que el 13 de octubre de 2016, convocaron a un cabildo abierto de las organizaciones sociales para exigir al alcalde rinda cuentas, tras rehuir varias conminatorias de su Concejo Municipal.
El presidente del Concejo, Gonzalo Oliver, en contacto con Erbol, informó que ese cabildo votó por el cierre pacífico del edificio municipal hasta que el alcalde brinde información conforme dispone la Ley de Control Social, con la presencia del Notario de Fe Pública, se precintó la alcaldía. Airado por esa acción, Javier Delgado presentó querella ante la Fiscalía y abrió un proceso.
Delgado asumió el cargo por el partido ASP, pero al poco tiempo de jurar se convirtió en militante del MAS y perdió el respaldo de sus concejales. Desde entonces se tensionaron las relaciones institucionales.
Debido a la intervención del Ministerio de Transparencia, se vio obligado a rendir cuentas, lo hizo de manera general, dejando insatisfechas a las organizaciones sociales que reprueban la gestión edil.
Oliver explicó que a los pocos meses de gestión en 2015, Delgado ya incurrió en irregularidades, motivo por el cual el Concejo se querelló ante la Fiscalía de La Paz, por malversación de 400.000 bolivianos provenientes de los fondos UPRE, en la construcción de un tinglado. La empresa constructora concluyó la obra a un costo de 391 mil de bolivianos, pero alcalde no canceló a la ejecutora y la partida fue ejecutada.
Fuente: La Paz, 10 (Erbol-Digital)
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