Domingo 10 de septiembre de 2017
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Editorial y opiniones
COLUMNA VERTEBRAL
Un órgano judicial a tumbos
10 sep 2017
Carlos D. Mesa Gisbert
Los acontecimientos referidos al fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sobre la entrega de misiles de nuestras FF.AA. al gobierno de los Estados Unidos, han puesto en evidencia más todavÃa, si cabe, la dramática situación de nuestra justicia.
Otra vez la pasión polÃtica amenaza con impedir una visión estructural del problema.
La primera evidencia en este contexto es el necesario reconocimiento de que el periodo democrático anterior a 2006, no logró resolver la herencia histórica de una justicia de elites, para elites, discriminatoria y movida por el dinero que corrompÃa el sistema. El problema fundamental, a pesar de la previsión de requerir dos tercios de votos del Congreso para la elección de magistrados, fue que el sistema polÃtico se las ingenió para controlar esos dos tercios o, cuando no los tenÃa, para bloquear cualquier nominación y, en consecuencia, mantener un control sobre ese Poder. A pesar de ello, el acuerdo polÃtico de 1992 y la Reforma Constitucional de 1994, permitieron un inmenso salto cualitativo con la elección de nuevos miembros de la Corte Nacional Electoral (hoy un órgano del Estado), la creación de la DefensorÃa del Pueblo, el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura. No sólo se enriqueció la institucionalidad del paÃs, sino que se nombró a personalidades del más alto nivel libres de toda sospecha de militancia partidaria. Baste mencionar a Huáscar CajÃas en la Corte Electoral, Ana MarÃa Campero en la DefensorÃa del Pueblo, Pablo Dermizaky en el Tribunal Constitucional y Ã?scar Hassenteufel en la Corte Suprema. Hablamos de figuras idóneas profesionalmente e intachables éticamente, y como ellas podrÃamos citar a otras muchas en el periodo mencionado.
Para superar el problema de fondo, la nueva Constitución ensayó un método teóricamente impecable, trasladar la prerrogativa de elección, de los representantes del pueblo al pueblo mismo. Este paso, muy atractivo de cara a los ciudadanos, se estrelló contra la realidad. Elegir a medio centenar de magistrados cuya tarea es administrar justicia con profesionalidad y ética, es una tarea imposible por voto popular. Es absurdo suponer que un votante puede tener elementos de juicio sobre los candidatos a partir de noticias fragmentarias o explicaciones igualmente fragmentarias en los medios sobre sus respectivas trayectorias. Además, la preselección que pretendÃa que la Asamblea hiciese una selección de candidatos basada en sus méritos, se convirtió en un descarnado mecanismo de cuoteo en manos de la aplastante mayorÃa oficialista que ni en 2011 ni en 2017 aceptó, como era imprescindible para darle credibilidad al proceso, la participación en igualdad de condiciones de los parlamentarios de la oposición.