Teleférico de Oruro, la gran estafa

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Una vez más el pueblo de Oruro ha sido víctima de una estafa con una obra, que hasta la fecha, se encuentra inconclusa, carece de justificación real y cuando al fin sea terminada, probablemente tenga tanta utilidad como un barco en un mar de arena.

Este artículo no pretende "atacar" a quienes impulsaron este proyecto o aquellos que lo apoyaron, sino demostrar, con argumentos claros y precisos, porqué es que el denominado "Teleférico Turístico Virgen del Socavón" es y ha sido desde un comienzo una millonaria estafa para la sociedad orureña, en detrimento de sus bastas y verdaderas necesidades.

Para ello se abordará un análisis, breve pues seguro hay muchísimas aristas a tratar sobre este tema, dividido en las cuatro etapas de esta obra que hasta ahora no ha justificado la magna inversión (o gasto) que ha significado para las arcas municipales, departamentales y nacionales.

PREVIA

Antes de encarar cualquier proyecto, hay que saber si servirá para algo o al menos justificar adecuadamente su puesta en obra; en resumen hay que preguntarse ¿Para qué hacerlo? ¿Es necesario realizarlo? ¿Será útil?

A partir de este punto es que se advierte que el proyecto del teleférico propuesto por el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro (Gad - Oru) nace muerto. Nunca tuvo una justificación real para ser ejecutado; jamás se planteó cuál sería la necesidad que iría a cubrir dicha obra. Se indicó que el tramo propuesto (aunque aún no se sabía la ruta exacta a seguir ni los lugares de emplazamiento), sería para fomentar el turismo hacia el monumento escultórico "Virgen del Socavón" emplazado en el cerro Santa Bárbara y que luego (no se sabe cuándo), será completado con otros tres tramos para convertirlo en una forma de transporte público masivo.

Pero para que esto sea creíble, hubiese sido necesario contar con estudios de factibilidad y un proyecto a diseño final, o al menos un "preproyecto", pero nunca se tuvo aquello. Se optó por apresurar las cosas y llamar a una licitación "llave en mano", para evitar el "sinuoso" camino de verificar si era posible hacer el teleférico y si sería funcional en el futuro.

¿Por qué se apuraron tanto desde la Gobernación entonces a cargo del señor Santos Tito? No hay una respuesta clara, pero casi queda claro que fue simplemente por política, porque apremiaba dejar una "obra de magnitud" antes de la conclusión de la gestión del gobernador de ese tiempo, posiblemente buscando una reelección, aunque luego Tito renunció a ella, o quizás para perpetuar al Movimiento Al Socialismo (MAS) dentro de esta entidad pública.

Cualquiera que haya sido la motivación de apresurar las cosas, lo cierto es que prácticamente sin tener ningún fundamento para hacerlo, se convocó a una licitación "llave en mano" que finalmente ganaría la sociedad accidental "POMA Dremark" en una polémica adjudicación, pues el precio presentado por esta empresa era mayor al que propuso la Doppelmayr, que hasta la fecha continúa trabajando con una red de transporte por cable en la ciudad de La Paz.

Se hizo la licitación y posteriormente se firmó el contrato el 14 de noviembre de 2014. Luego debía darse la orden de proceder y desde entonces se tenían 10 meses para su ejecución total. Pero como todos saben, han pasado 2 años y 10 meses sin que el teleférico se concluya, es más, ni siquiera se tiene actualmente una fecha tentativa para su finalización.

Lo curioso de este proceso previo, al margen de lo ya señalado, es que en teoría la obra debería culminarse a más tardar en octubre del 2015, pero desde ese entonces nunca se tuvo el dinero suficiente para solventar el proyecto. Se requerían 18.480.00 dólares, de los cuales 3.696.000, es decir el 20%, saldrían de los recursos de la Alcaldía, y el restante 14.784.00 de la Gobernación.

Pero en el Plan Operativo Anual del año 2015, no consignaban para el teleférico los 14,8 millones dólares o su equivalente en bolivianos, 103,5 millones, que se requerían para la obra, sino que apenas se había inscrito una cantidad ínfima que ni siquiera llegaba a los 20 millones de bolivianos.

¿Cómo se pensaba entonces encarar y culminar esta obra, si no se había presupuestado el dinero? ¿Había suficientes recursos tomando en cuenta que el POA de dicha gestión alcanzaba a poco más de 211 millones de bolivianos para inversión? Si lo hubiese hecho, eso habría significado postergar muchos otros proyectos de diversa índole, pues solo el teleférico hubiera significado la mitad del dinero de la Gobernación para proyectos.

Entonces se puede concluir que jamás se tuvo el dinero respectivo para emplazar esta obra y los recientes acontecimientos, es decir, la firma de un convenio con la estatal "Mi Teleférico" y el préstamo de 64 millones de bolivianos del Estado Central para "revivir" el proyecto, ratifican este aspecto.

IMPROVISACI�?N

La segunda etapa del teleférico debió haber sido su ejecución, pero en vez de eso fueron varios meses de improvisación, resultado claro está de la falta de un proyecto a diseño final, la debida planificación y coordinación con los involucrados.

El primer problema es similar al señalado en la parte final de la etapa previa: la falta de presupuesto para ejecutar el teleférico. Al no tener los suficientes recursos la Gobernación, se recurrió a la Alcaldía para que con el 20% que debía "poner" se pudiera, aunque sea, arrancar con la obra.

Pero no contaron con que el Concejo de ese entonces haría varias observaciones (bastante lógico revisando los antecedentes del proyecto), aunque finalmente ante la insistencia política, antes de finalizar el 2014 se aprobó erogar el gasto, aunque no en su totalidad pues quedó un saldo por pagar, que se hará en esta gestión.

Pero este no fue el principal óbice para la ejecución del teleférico. La falta de un diseño final pesó mucho, pues no se tenía la idea clara de dónde se emplazarían las estaciones tensoras, ni cuál sería la mejor ruta para el cableado. Entonces la empresa recién hizo el proyecto y determinó que lo "adecuado" sería hacer el tramo desde la Plaza del Folklore ubicada en el atrio del Santuario del Socavón, hasta la parte de la plataforma del monumento de la Virgen María del cerro Santa Bárbara.

Quisieron empezar las obras, pero faltaba un "pequeño detalle"; no contaban con la autorización del uso de suelos, que si se hubiese tratado de otro proyecto y de otra locación, no hubiera supuesto ninguna dificultad; pero en este caso lo era, pues ambos lugares donde pretendían colocar las estaciones eran (y son aún) sitios patrimoniales protegidos por normativa nacional y municipal.

Fue así que durante meses se entabló una "batalla" que tuvo como escenario principal el Concejo Municipal, pues sin el visto bueno del ente edil y sin algunas modificaciones a la normativa, hubiese sido imposible ejecutar el proyecto, ya que, tanto la Plaza del Folklore como el cerro Santa Bárbara, eran áreas protegidas donde no se podían realizar construcciones "a gusto y gana" de cualquiera.

Finalmente se impuso una vez más la política, en un movimiento que dejó desencajados a varios sectores orureños, como el Colegio de Arquitectos y el de Ingenieros Civiles, además de historiadores, protectores del patrimonio, etc.; se aprobó en el Concejo una adenda a la Ley Municipal 004, señalando que dichos lugares estaban protegidos, pero que podían ser alterados en caso de que se emplacen proyectos de magnitud, importancia y que generen desarrollo en Oruro. A pesar que el teleférico no entra en esa definición, fue suficiente para "vejar" estos espacios culturales.

Lo señalado anteriormente apenas es un repaso superficial, pues el debate fue largo y complejo; con puntos de vista desde lo arquitectónico, ya que el teleférico es una afrenta al paisaje de esta zona; hasta lo cultural y una afectación al mismo Carnaval de Oruro. Pero desmenuzar solo esta parte del "camino" por el que transitó la ejecución del teleférico, requeriría varias páginas para su tratamiento.

EJECUCI�?N

El 31 de abril del 2015 el Concejo dio vía libre al teleférico. Los ediles aprobaron la modificación señalada líneas arriba, de la Ley Municipal 004. Solo restaba la otorgación de uso de suelos, que estaba a una simple firma del alcalde d ese entonces, Juan José Ramírez.

Ramírez en más de una oportunidad dijo que firmaría la autorización, pero por razones que nunca se llegaron a divulgar, posiblemente para no "mancharse" las manos o por temor a futuras consecuencias legales, nunca lo hizo, dejando así la responsabilidad a su sucesor, Edgar Bazán, quien a poco de asumir lo hizo.

Para julio del año 2015, ocho meses después de la firma del contrato, la empresa POMA Dremark al fin podía ejecutar la obra, a partir de ese momento la cuenta volvía a "0" y los 10 meses para culminar el teleférico empezaban a contabilizarse.

Pero una vez más el "fantasma" de la falta de presupuesto se hacía presente. Pues el teleférico empezó a ejecutarse con toda normalidad mientras el dinero erogado por la Alcaldía estaba a disposición, pero al acabarse éste, la Gobernación apenas pudo inyectar un poco más, pero como nunca se tomó previsiones en este tema, las planillas dejaron de pagarse y a pesar del esfuerzo que hizo la empresa, la ejecución se fue ralentizando y prácticamente se paró.

A partir de ahí las versiones brindadas por el nuevo gobernador, Víctor Hugo Vásquez, y sus funcionarios fueron repetitivas al extremo que el discurso era conocido por todos. "Garantizamos la ejecución del teleférico", "hay recursos suficientes", "estamos gestionando más presupuesto"; fueron algunos de los mensajes que se oían y leían en los medios de comunicación.

Pero repetir tantas veces algo, no lo hace realidad, por lo que finalmente salió a la luz la verdad: la Gobernación no tenía dinero suficiente y se tendría que recurrir al Presidente Evo Morales para la financiación del teleférico.

Transcurrieron más de dos años desde la firma del contrato en 2014, se afectó a dos carnavales pues la construcción está en medio de la parte final del recorrido de la Obra Maestra, se tuvieron un sinfín de reprogramaciones del cronograma, pero finalmente el proyecto seguía inconcluso y con un incierto destino.

CONVENIO

La cuarta etapa comienza con el anuncio de la financiación del Estado Central con 64 millones de bolivianos, para la culminación del "ansiado" proyecto del teleférico. Muchos aplaudieron el desinteresado gesto del Presidente Evo Morales, que donaría a Oruro este monto.

Pero posteriormente se aclaró que no se trataba de ningún regalo por el "10 de Febrero", como inicialmente se creía, sino que el dinero llegaría en calidad de préstamo y además sería administrado por la empresa estatal "Mi Teleférico".

Por supuesto la empresa del Estado no llegaría simplemente a terminar la obra, sino que lo haría con una serie de imposiciones plasmadas en un oscuro convenio, que fue aceptado por todos los involucrados, pues prácticamente esta es la única manera de concluir la construcción del teleférico.

Gobernador y alcalde firmaron el convenio, la aprobación en la Asamblea Legislativa Departamental fue un mero trámite, pero cuando llegó el turno del Concejo, parecía que el ente edil no permitiría que siga con esta gran estafa.

Muchas observaciones se hicieron al convenio, comenzando por el hecho que la municipalidad debía ceder la propiedad de los espacios donde se emplaza la obra, vulnerando las leyes de protección al patrimonio, pues si bien se modificó para construir el teleférico, nunca se hizo mención a que podía "regalarse" estos lugares a otras entidades, por más que fueran también públicas.

Pero igual, aunque con algo de suspenso, el Concejo terminó aprobando el convenio; a pesar de que una vez concluida la obra, la administración quedará a cargo de la empresa "Mi Teleférico" hasta recuperar los 64 millones o que se cumpla el tiempo de vida útil, es decir, que durante ese tiempo no recibirá réditos la región.

Se aprobó el convenio, a pesar de que "Mi Teleférico" administrará, pero no tendrá que pagar la electricidad ni otros servicios básicos, los mismos que tendrán que ser cancelados con dineros de las arcas municipales y departamentales.

A esto se suma que la Gobernación igual tendrá que disponer dinero para el teleférico, pues el convenio instruye que se paguen 100 mil bolivianos para auditorías y estudios técnicos de la obra. En los días recientes se conoció que los recursos saldrán del programa de tuberculosis, que verá mermado su presupuesto en un 62%.

Con este panorama es que ahora se continuará con la ejecución del proyecto, aunque todavía se desconoce cuándo será terminado, lo cierto es que el beneficio para la región está en duda y su funcionalidad es una gran interrogante.

FUTURO

Cuando sea concluida la obra (¿2018 o 2019?) surgirán seguro nuevas preguntas. ¿Será autosostenible? ¿En cuánto tiempo recuperarán los 64 millones de bolivianos los de la empresa estatal? Y cuando por fin lo hagan y devuelvan a la Gobernación la administración, ¿será aún útil o ya tendrán que hacerse una serie de mejoras e inversiones?

¿A cuánto será el pasaje? ¿Será usado al 100% de su capacidad o solo por unos cuantos? ¿Será rentable que funcione todos los días o solo fines de semana y feriados como el teleférico turístico que hay en Cochabamba en el Cristo de la Concordia?

Estas y muchas otras preguntas seguramente se responderán en 10 años o más, pero la manera en que se ha llevado a cabo todo el proceso hacen que no solamente surjan dudas, sino que casi se puede asegurar que el teleférico de Oruro solo será un elefante blanco, como el distribuidor del Tagarete, las pasarelas de la Villarroel y la Montesinos, y otras obras similares. En resumen, todo esto nos deja la impresión de que este proyecto fue y es una gran estafa.

Fuente: LA PATRIA