Sistemas de administración de justicia

Para que el sistema de justicia funcione de manera efectiva y satisfactoria, es preciso contar con una eficaz, eficiente y trasparente administración de justicia en los tribunales. Asimismo, para que el volumen de casos pueda procesarse de manera justa, adecuada y diligente, la gestión de información debe contar con aplicaciones de sistemas informáticos capaces de almacenar información de la gestión, estado, avance y pruebas digitalizadas de cada proceso de manera de tener archivadas en una Base de Datos conectada en redes de datos para que el usuario pueda acceder a esta información a través de una clave de acceso. Esta aplicación permitirá transparentar el accionar de las autoridades judiciales que necesariamente debe ser honesto, límpido, apegado a la Constitución Política del Estado, el ordenamiento y jurisprudencia jurídica.

El mantenimiento de sistemas de información con registros y transcripción de casos, publicación de reportes de procesos y la conservación de pruebas, que constituyen actividades básicas para la gestión del volumen de casos, requieren sistemas eficaces de gestión de la información, que son aplicaciones informáticas que almacenan en forma detallada, resumida, sintética y ordenada los extensos procesos divididos en cuerpos que forman parte de todo proceso Judicial que se inicia con la denuncia, demanda, incoación hasta su resolución, incluyendo la clasificación según la materia y los delitos. Estas aplicaciones informáticas pueden ser útiles al momento de atender, abarcar y gestionar con rapidez los procesos por jueces y personal dependiente, y así agilizar la atención a los usuarios en general. Una gestión eficaz permitirá resolver de manera adecuada y diligente los procesos judiciales aplicando los escasos recursos disponibles donde más se necesitan en el momento oportuno.

La importancia de la reforma de la gestión de procesos judiciales también radica en el aporte y contribución a una mayor transparencia de los procesos, principalmente cuando se combina con una gestión eficaz de la información.

En los últimos años, los avances tecnológicos han permitido introducir grandes innovaciones en el ámbito de la gestión de trámites, procesos y el tratamiento de la información. En los mejores sistemas de gestión de casos, automáticos se reconoce que los Tribunales deben ser eficientes y transparentes para adaptarse a las normas y reglas internacionales, y proteger los derechos de los acusados, víctimas y testigos.

La necesidad de estructurar y gestionar el sistema jurídico en los Tribunales condiciona el acceso de los ciudadanos al sistema de justicia interactiva. Cuando el aparato judicial está estructurado y automatizado el tratamiento de las causas judiciales, -con independencia de la gravedad del delito-, se desarrolla aceleradamente o con relativa rapidez, pero si se maneja de forma manual y tradicional, esto ocasiona demora en la atención de los litigantes, por ejemplo si se advierte en un Tribunal inferior un excesivo volumen de causas y escasos recursos o servicios, ocasiona una deficiente atención al usuario, lo que afecta sobre la calidad de la justicia produciéndose un malestar en los usuarios por la demora en la atención de sus causas judiciales. Una estructuración adecuada de las competencias jurisdiccionales de los Tribunales y la asignación de recursos suficientes para gestionar el volumen de casos de manera justa, diligente y efectiva no es más que una parte de un sistema judicial bien administrado.

Hay numerosas posibilidades de mejora en lo que respecta a la ampliación de los Tribunales de cara a los usuarios y al acceso de los ciudadanos a la justicia. Los Tribunales de justicia deben atender y acoger favorablemente a los ciudadanos, sea en calidad de demandados, litigantes, testigos o víctimas, tratar a todos con respeto, paciencia y mesura proporcionando información precisa de manera práctica, oportuna y abierta, lo que facilitará su comprensión y utilización, además de aumentar la confianza de los usuarios en la justicia.

Por otra parte, los Tribunales deben contar con personal bilingüe que conozca lenguas originarias, desempeñando labores de interpretación de vital importancia para aquellos quienes no hablan el español, cuyo idioma originario lo hablan con mayor facilidad.

En muchos países existen proyectos y programas de asistencia, ejecutados y anunciados en los Tribunales, con el propósito de ayudar a las personas vulnerables. Se trata de una esfera en la que los proyectos suponen un trabajo conjunto del �rgano judicial en convenio con instituciones representativas y organizaciones no gubernamentales (ONG) que son cada vez más frecuentes. Por ejemplo, las ONG del ámbito de los derechos humanos o las asociaciones locales de abogados y las Universidades pueden prestar asesoramiento jurídico o asistencia a las víctimas de violencia doméstica, las que piden ser protegidas de sus maltratadores así como en causas relacionadas con el derecho de familia (custodias, adopciones, divorcios, etc.), además de prestar ayuda a los litigantes pobres o de escasos recursos económicos.

Si se darían estas modificaciones en la administración de justicia de los Tribunales, estos dispondrían de servicios flexibles y bien dispuestos, como la asistencia a las víctimas, los testigos y la protección en causas penales, que lograrían la confianza en la justicia y en un Estado de Derecho.

Por último, los procedimientos de gestión de los Tribunales y el personal deben demostrar integridad y equidad en todo momento. La existencia de actitudes sesgadas, favoritismos o prácticas corruptas niegan la justicia y quebrantan el Estado de Derecho. Esto se refiere a que todo el personal empezando de los jueces actuarios, secretarios, oficiales de diligencias y personal de apoyo necesariamente deben desempeñarse con rectitud dando agilidad a la tramitación de los diferentes procesos en función de criterios jurídicos, hasta el modo de asignación de los diversos casos y la resolución de los mismos.

Los gobernantes de un Estado o Nación deben demostrar criterio, madurez y respeto desechando la intromisión y penetración política en los Tribunales Judiciales, en razón de que un sistema de justicia que imparte justicia de conformidad al ordenamiento jurídico de Derecho debe garantizar la imparcialidad y rectitud de los Administradores de justicia cumpliendo la voluntad constante de dar a cada uno lo que le corresponde, respetando y haciendo cumplir los derechos de todos los ciudadanos.

(*) Ingeniero