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�tica en la administración de justicia - Periódico La Patria (Oruro - Bolivia)
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Viernes 01 de septiembre de 2017

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Viernes 01 de septiembre de 2017
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Editorial y opiniones

�tica en la administración de justicia

01 sep 2017

Ramiro Siles Velasco

Al querer enfocar la ética en la administración de justicia, empecemos conceptualizando la palabra que proviene del griego ethos, y significa costumbre, hábito. En latín, la palabra costumbre se designa con el término mos, moris, que también se traduce como moral. En base a estas etimologías, es común llamar moral a la ética. El carácter moral expresa el modo de ser del hombre por medio del cual éste conoce, juzga y actúa justa o injustamente. La costumbre acompaña a la condición humana y va forjando su conducta. Moral y ética hacen referencia por tanto al modo de ser de las personas.

La ética, -costumbre transparente-, proyecta al ser humano hacia una finalidad, le hace altamente valorable, dándole a su vida sentido y calidad. Por lo tanto, las normas a las que hace referencia la ética apuntan a su valor fundamental: lo bueno y lo justo. La ética como filosofía moral lleva a cabo tres tareas esenciales: dilucidar en qué consiste lo moral, intentar fundamentar lo moral e intentar una aplicación de los principios fundamentados a los diferentes ámbitos de la vida social. La ética lleva consigo elementos que los ciudadanos comparten, sea cual sea su creencia religiosa, su relación familiar, su profesión, su oficio; elementos comunes que ayudan a la sociedad a vivir en armonía conforme a principios de justicia, libertad, igualdad y solidaridad a fin de hacer más satisfactoria la convivencia humana.

Cuando la ética se aplica y se pone en práctica en la administración pública se denomina �tica Pública, también llamada ética para la política y la administración pública. "La ética pública señala principios y valores deseables para ser aplicados en la conducta del hombre que desempeña una función pública". Esta disciplina ofrece al servidor público un conocimiento que lo lleva a actuar de una determinada manera en cada situación, ofreciendo auxilio con respecto a la elección de las diversas situaciones que son convenientes o no para la colectividad. Establece los criterios que debe tener en cuenta todo servidor público para llevar a cabo sus funciones con el fin de lograr un bien para la comunidad. La ética pública puede comprenderse como un hacer colectivo, como un proceso en el que tanto la colectividad como los individuos generan pautas de conducta que posibilitan un mejor desarrollo de la convivencia, de la autonomía y de la libertad del hombre.

Los gobiernos que quieran ser considerados justos deben tener individuos íntegros, y es justamente aquí donde entra la ética al tener en sus manos la selección y formación de servidores públicos que actúen con responsabilidad y eficiencia. La ética en la administración pública pone en juego todo un conjunto de valores para ofrecer servicios de calidad a la comunidad.

La ética aplicada a la administración de justicia es de vital importancia porque tiene como eje central la idea de servicio, es decir, las tareas y actividades que realizan los funcionarios públicos están orientadas al bien común. La ética en la administración de justicia que es una función pública, es la ciencia del buen comportamiento en el servicio a la ciudadanía, es además un importante mecanismo de control de la arbitrariedad en el uso del poder público, un factor vital para la creación y el mantenimiento de la confianza en la administración de la justicia. Por tanto, es un factor clave para elevar la calidad de la justicia mediante la conducta honesta, eficiente, objetiva e íntegra de los funcionarios en la gestión de los procesos judiciales.

La ética pública es por tanto un instrumento fundamental para evitar la corrupción. Es tener madurez para entender el significado de capacidad, eficiencia, idoneidad y experiencia para aplicar en la selección de los administradores de justicia los que necesariamente y obligatoriamente NO deberán ser políticos. Los cargos públicos en el poder judicial deben ser ocupados personas capaces, competentes, idóneas y con experiencia por aquellas que interpreten y apliquen con rectitud, transparencia e idoneidad el orden jurídico, la Constitución Política del Estado, que tengan un gran sentido de justicia y sin afinidad ni correlación política.

Lamentablemente, la política ha corroído la justicia y -en los políticos-, existe un marcado interés por ocupar un cargo en el poder judicial sin tener la debida preparación, sin contar con la formación necesaria para ello. La conducta de aquellos que quieren sobresalir sin asumir la importancia y la responsabilidad que conlleva el ejercicio de la función judicial afecta a los resultados de la misma. La ética permite establecer la justicia o injusticia de las acciones humanas, elevando así la cultura política de un pueblo o Estado.

Cuando un servidor público adopta estos elementos como principios de vida se ubica más allá del poder y no se deja llevar por los apasionamientos, realizando buenas obras para con su comunidad. En la actualidad, existe una gran crisis de valores que se refleja en el comportamiento de gobernantes, funcionarios, legisladores y jueces, entre otros, actos y comportamientos que ponen de manifiesto una gran necesidad de promover la ética pública como un modo de detener dichas conductas que afectan directamente al buen funcionamiento de la administración pública.

Conviene recuperar los valores y principios éticos con el fin de superar los conflictos y dilemas a los que servidores públicos de toda índole se enfrentan a diario. Lo importante es no sólo fomentar sino también fortalecer los principios éticos en la mente de quienes ocupan cargos públicos con la intención de que sus actos se rijan por la rectitud y el buen juicio. Hay que vencer la crisis moral existente y propiciar el surgimiento de las virtudes en las personas, en especial en quienes están al frente de la administración de justicia.

Se debe educar en la honradez y en la probidad a todos los ciudadanos y, en especial, a los que operan en el ámbito jurisdiccional de justicia, a fin de lograr una mayor eficiencia en las operaciones de la función pública. Así se podrá obtener la reivindicación de la imagen de los gobernantes, los funcionarios, los legisladores, los jueces, y de todos aquellos que forman parte del ámbito de acción del servicio público. Al mismo tiempo se devolverá confianza a los ciudadanos, de tal modo que éstos puedan confiar en el Poder judicial, -desprestigiado por sus propios funcionarios-, para alcanzar una justicia independiente y trasparente.

En la construcción de una cultura ética es necesario el accionar sobre la responsabilidad profesional, instando a políticos y funcionarios a reflexionar sobre sus acciones, resolver los dilemas éticos que surjan a su paso y autoimponerse lineamientos coherentes con los derechos fundamentales y principios constitucionales. La ética pública aglutina valores como la honradez, dedicación, eficacia, transparencia, atención y el servicio al ciudadano, así como imparcialidad, transparencia y objetividad para trabajar en bien del país.

(*) Ingeniero

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