Unitas ejecutó $us 17 millones el 2016

La red de Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas) ejecutó 17 millones de dólares el 2016. Su directora ejecutiva, Susana Eróstegui consideró que a pesar de la desacertada Ley 351 de Otorgación de Personerías Jurídicas, el Gobierno no quiere prescindir, de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), fundaciones y entidades sin fines de lucro.

"A pesar de la tendencia que tenemos de disminución de fondos, donde se anticipa que este año no habrá doble aguinaldo, en la red hemos tenido un buen año el 2016 (�?). Alrededor de 17 millones de dólares hemos ejecutado a través de la red en su conjunto con programas y proyectos de las 22 instituciones asociadas, que es un monto considerable que además beneficia a por lo menos 350 mil personas de manera directa y a 2 millones de manera indirecta", informó a ANF.

De ese modo, la directora ejecutiva de Unitas anticipó algunos resultados de la rendición pública de cuentas 2016 que socializará este martes de manera simultánea en diferentes ciudades capitales. La red cuenta con 22 asociadas a nivel nacional.

"NO PRESCINDIRÁ DE ONG"

"El Gobierno no quiere prescindir de las ONG; me parece que es al revés, le volverá a dar un interés mayor porque para la importancia mayor dada la situación económica, porque si bien hemos pasado una época de bonanza que empieza a decaer por las cifras que el Gobierno ha ofrecido, nuestra economía no está tan galopante como hace unos años, eso significa que toda acción que aporta al desarrollo de Bolivia debería ser bienvenida", manifestó.

Frente a las visiones contrarias hacia las ONG, Eróstegui enfatizó que la existencia de estas no se justifica por el trabajo que no hace el Estado, sino que es al revés, viven para que el Estado tenga un mejor desempeño y se pueda construir una mejor Bolivia.

"Las ONG no están solo para suplir lo que en otros tiempos había mucho menos apoyo desde el Estado o cobertura desde los programas estatales; esa es una idea que distorsiona el verdadero sentido del control de la sociedad civil sobre la gestión pública y su aporte a la construcción de políticas públicas, a su ejecución, el poder establecer alianzas que permitan alianzas, convenios con municipios donde desde los recursos públicos con aporte de recursos privados de las ONG se desarrollan con mejor impacto iniciativas de todo tipo", sostuvo.

Por muy pequeños proyectos que sean -dijo Eróstegui- como abrir un pozo en una comunidad que no recibe agua potable, hasta emprender grandes proyectos que tengan que ver con estrategias de desarrollo productivo, fortalecimiento organizativo, conocimientos de derechos, las ONG cumplen un rol muy importante en el desarrollo del país.

"Desde poner letrinas, equipamiento sanitario hasta afrontar efectos del cambio climático que es un tema global, supone cómo las poblaciones se deben preparar para que su cosecha no muera. Capacidades y metodologías adecuadas de intervención la tienen las ONG, entonces para qué deshacerse de quienes saben, que tienen tanta experiencia, si van a seguir apoyando a la población más necesitada del país", señaló.

LEY 351 Y SUS IMPLICANCIAS

A más de cuatro años de la Ley 351, en análisis de Eróstegui, el fondo polémico de la norma no es el Plan Nacional de Desarrollo en sí, porque en su criterio no habría razones en estar en desacuerdo con un plan tan grande y tan ambicioso, que de hecho está vinculado a lo que hacen las instituciones de la sociedad civil.

"La cuestión es la norma que está afectando tu derecho a determinar en qué áreas quieres desarrollar tu trabajo, en tanto sea lícito no tiene por qué estar necesariamente alineado a ese plan y tener que someterse a unos controles en la fiscalización que ponen en duda tu existencia si has cumplido o no ese plan. Ahí está el problema en cómo se administra esa norma de manera que está atentando tu derecho a asociación", manifestó.

Destacó que las ONG jamás se opusieron en aportar al desarrollo del país, pero que el problema radica en que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ante el recurso de inconstitucionalidad presentado por ex Defensor del Pueblo, Rolando Villena, sentenció favor de la norma "que nos pone en la misma situación de hace años, de saber que estamos en situación de vulnerabilidad frente a la aplicación de eliminar o anular tu personería jurídica".

Eróstegui dijo que si el criterio es político, la norma avala que, desde una instancia pública se abrogue la personería de una ONG vigente "avala a que dejes de existir, cuando en los hechos desde el Estado se debería promover y potenciar todo el desarrollo que puedan proveer las propias organizaciones de la sociedad civil".

Según la representante de Unitas, para el sector de ONG, fundaciones y entidades sin fines de lucro sería la mayor satisfacción que se abrogue la Ley 351 "porque nos gustaría aprobar una normativa de manera participativa con el sector público para que incentive a nuestro sector, que obligue a las organizaciones a cumplir la legalidad, a rendir cuentas, a tener todos nuestros mecanismos claros, pero no cortar y eliminar tu derecho de asociarte en bien de quien fuera, con el tema que quisieras, mientras sea lícito".

Fuente: La Paz, 28 (ANF)