Si hay algo que preocupa es la próxima aplicación del modelo autonomista en todo el país, en algunos departamentos como factor de consolidación de un proceso que se inició tiempo atrás y que debe ser perfeccionado en la práctica del uso de las atribuciones y al mismo tiempo las limitaciones propias de un sistema que se arraigará paulatinamente y que sin embargo en el tiempo actual ha generado mucha incertidumbre.
Algo que tiene efecto negativo es particularmente lo que atañe a la autonomía indígena, especialmente por el desconocimiento que existe entre comunarios y sus autoridades, de suerte que todo parecería que marcha muy bien y sin embargo lo que se ha hecho es sólo sembrar incertidumbres, tantas que hasta parece confundirse “autonomía indígena con justicia comunitaria”.
Lo cierto es que hay un proceso autonómico que está en marcha aunque se desconoce cuál será el camino que deba recorrer para establecerse como una nueva alternativa de imprimir justicia, equidad y también autoridad, ésta última instancia resulta la más dudosa en la perspectiva de la aplicación de las reglas de juego que han sido diseñadas en instancias comunitarias, pero de manera especial con autoridades originarias que debían socializar lo tratado en sus ayllus y comarcas, jurisdicciones especiales donde resulta que la idea no surtió los efectos esperados.
No es tan fácil hablar de autonomía en las comunidades, donde existe la creencia de que la medida servirá para la aplicación de impuestos, sanciones y limitará algunas actividades productivas, lo que en realidad no sucederá pero igualmente persisten las dudas y las mismas ocasionan reacciones adversas entre los comunarios de poblaciones vecinas.
En las ciudades el panorama tiene otro matiz, aunque predomina también el factor de desconocimiento de los elementos legales que conforma un cuerpo de disposiciones que se aplicarán pese a que las mismas no hayan sido objeto de un consenso pleno entre representantes diversos de organizaciones que tienen que ver con el desarrollo departamental y no sólo comunitario, por eso también en las ciudades capitales, existen marcadas dudas sobre la forma en que se aplicará la autonomía.
De aquí adelante hay que esperar definiciones muy claras sobre la aplicación de la autonomía a nivel departamental, pero con sus alternativas propias de orden jurisdiccional en el área urbana como rural donde los estatutos no son de similar valor por la variedad de “usos y costumbres” en algunos casos y porque lo que sirve allí no puede ser útil aquí, según lo reconocen los propios ideólogos del sistema de autonomía que preparó el gobierno.
Las condiciones no serán las más adecuadas para comenzar una gestión de administración con autonomías, en tanto no se abra la posibilidad cierta de adecuar el sistema a las necesidades propias de cada región, en cada departamento y con los verdaderos protagonistas de la comunidad, no como ha estado sucediendo, por ejemplo en nuestra ciudad, que aprobaron el proyecto de estatuto quienes viven en el área rural y los del sector urbano simplemente se excusaron de asumir responsabilidad en tan delicado problema.
Por esas simples observaciones en el tema de autonomía, bien vale la pena abrir un nuevo espacio de diálogo para que el efecto de la medida nos permita gozar del beneficio que nos proporcione el uso racional de nuestras riquezas naturales y recursos no renovables. Tenemos el derecho de definir nuestro destino, sin imposiciones meramente teóricas, políticas e inaplicables.
Fuente: LA PATRIA
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