Lo ocurrido en Venezuela no es chiste como parece interpretarse en ciertas instancias políticas, menos mal las menos en el contexto de la región sudamericana, pero con graves críticas en el ámbito internacional, en países que defienden y respetan los valores y las instituciones democráticas.
Lo que se observa en Venezuela, así no lo quieran entender algunos recalcitrantes defensores de ese régimen, es que el sistema ha eliminado la democracia vulnerando derechos y menospreciando valores institucionales de elección de representantes en un parlamento que ahora fue eliminado sin disolverlo por la vía de la legalidad, que por supuesto hubiera sido una alternativa, ante una inoperancia manifiesta, que en los hechos no se dio, al contrario el legislativo fue la "piedra en el zapato del oficialismo".
Ha sucedido, alentado y permitido, lo que en otras circunstancias u otros Estados hubiera sido tipificado como un delito abierto que se tipifica como golpe de Estado, ni más ni menos, la llamada Asamblea Constituyente de Venezuela, se atribuyó y maneja competencia del Parlamento vigente, que sigue en funciones pero fuera de sus posibilidades de actuar y trabajar en consecuencia. Lo evidente es que la Constituyente oficialista del presidente Maduro, integrada por sus allegados asume por decreto facultades que no las tiene del Parlamento con mayoría opositora electa en libres comicios por el pueblo venezolano.
En criterio de políticos venezolanos opositores y en opinión de observadores internacionales, lo sucedido era una situación esperada tras algunos intentos fallidos del mandatario Maduro que buscó inhabilitar a la Asamblea Nacional a través del Tribunal Supremo, instancia que no tuvo resultados, pues el comicio claramente instrumentado desde el gobierno resultó inconstitucional por fraudulento y severamente rechazado.
Los observadores políticos de países democráticos, califican como un "auto golpe" la decisión de la Constituyente de legislar sobre el Parlamento legalmente establecido. Se toman como contradictorias las determinaciones contenidas en un decreto que pretende "garantizar la preservación de la paz", cuando en realidad la medida resulta como "lanzar gasolina al fuego". Se menciona defender la soberanía, que parece ser el único punto en el que coinciden oficialistas, opositores y representantes de otras naciones y organizaciones internacionales, especialmente ante una vedada amenaza norteamericana.
El controvertido decreto hace también referencia a "cuidar el sistema socioeconómico y financiero de Venezuela, así como cuidar los bienes del Estado y la preeminencia de los derechos de los venezolanos". La respuesta generalizada señala que el "sistema económico y financiero ha sido destruido, tiene la más alta inflación mundial y carece de condiciones normales para alimentar y curar a los venezolanos. Los bienes del Estado están siendo destruidos paulatinamente y los derechos de los venezolanos han desaparecido" por lo mismo el decreto no tiene justificativo alguno, sólo justifica la atrabiliaria imposición de un método que ataca seriamente lo último de la democracia institucional.
Entre las posibilidades de mantener y sostener la institución democrática de Venezuela, como es la Asamblea Nacional, que resulta en el tiempo presente el único de cinco poderes reconocidos en la Constitución que no se subordinó a la Constituyente, después de lo que hicieran desde el presidente Maduro, los titulares de los poderes Judicial, Electoral y Ciudadano, todos cuestionados por apartarse de la muy mentada Constitución venezolana.
Se menciona que pese a la dureza de los hechos, a las transgresiones dispuestas desde el poder estatal, todavía no se han jugado las últimas cartas y se espera que por la vía democrática, respaldada plenamente por los países que respetan sus normas, se encuentre una solución pacífica, en un país que debe retornar al cauce de elecciones libres para frenar intereses continuistas.
Fuente: LA PATRIA
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