Empresas se ven desprotegidas por contrabando y falsificación

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Las empresas bolivianas se ven desprotegidas por las autoridades nacionales, porque tienen que enfrentarse a la competencia desleal de la informalidad, el contrabando, las cargas impositivas y ahora la falsificación de sus productos, exigen a las instituciones que tienen la obligación de cuidar este aspecto, que cumplan su función y detengan a quienes falsifican marcas reconocidas.

Ante la denuncia de que el chocolate de industria orureña "Harasic" estaría siendo falsificado por miniempresas de El Alto, el gerente de la Cámara de Industria de Oruro, José Peñaranda, aseveró que otras empresas han sufrido similar suerte ante la vista y paciencia de autoridades que poco hicieron para frenar esta situación.

Señaló que este es un factor negativo para el sector industrial de Oruro, porque desincentiva a los empresarios y fomenta la informalidad, ya que las fabricas tienen que luchar con diferentes factores adversos como el contrabando, las cargas impositivas y ahora la falsificación de sus productos.

Otro caso emblemático fue el que se presentó hace tres años cuando una pequeña empresa en Oruro se dedicó a falsificar las galletas de las marcas Ferrari Ghezzi y La Francesa, se pudo frenar esa situación, también se evidenció que la fábrica "Corinsa" sufrió el plagio de su marca cuando se encontró en el mercado local, malla de alambre con un sello similar al de la fábrica mencionada.

Indicó que las autoridades locales y nacionales deben hacer controles más estrictos para evitar este tipo de hechos que afecta a las empresas tanto en su prestigio, calidad y sobre todo la salud de la población porque se desconoce el modo de preparación principalmente en el rubro alimenticio.

Señaló que el viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, debe cumplir con su función y sacar estos productos fraudulentos del mercado e iniciar acciones en contra de quienes pretenden aprovecharse del prestigio bien ganado de algunas marcas orureñas, así mismo también el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi), debería interponer sus buenos oficios en este problema.

Fuente: LA PATRIA