Ex prefecto debe volver a la cárcel

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El ex prefecto, Alberto Luis Aguilar Calle (2005-2009), debe volver al penal de San Pedro a cumplir su condena de seis años y diez meses, por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, uso indebido de influencias y contratos lesivos al Estado, ya que el Tribunal de Casación en Sucre, rechazó la apelación a su sentencia.

Ayer el juez de Ejecución Penal, Germán López Moya, manifestó que el recurso de casación interpuesta en Sucre por los sentenciados, Alberto Aguilar (seis años y diez meses), Tomás López (seis años), Patricia Jaldín (cuatro años) y Víctor Hugo Moreno (dos años), fue declarado "infundado" por el Tribunal Supremo de Justicia integrado por las doctoras Maritza Suntura Juaniquina y Norka Mercado Guzmán.

"El Tribunal de Casación ha confirmado y mantuvo la sentencia, declarando infundado ese recurso (de casación). Consiguientemente, esta sentencia al presente, se halla debidamente ejecutoriada, lo que corresponde es efectivizar su cumplimiento", señaló.

CAPTURA

El viernes 10 de junio de 2016, el ex prefecto Aguilar, fue capturado para que cumpla la sentencia de los seis años y diez meses que se le impuso como sanción. El 30 de septiembre del mismo año, fue puesto en libertad, luego de ganar un Amparo Constitucional, cuyo argumento era que estaría cumpliendo una sentencia de manera ilegal, sin haber sido ejecutoriada.

Sin embargo, con el Auto Supremo emitido ahora, esa sentencia está debidamente ejecutoriada y solo le queda cumplir la pena señalada en el recinto carcelario de San Pedro.

Solo Aguilar se presentó a cumplir la pena, ya que los otros sentenciados nunca llegaron al recinto carcelario.

"El Ministerio Público y el Estado mediante sus mecanismos tienen la obligación de efectivizar esos mandamientos", señaló el juez López.

CASO

El ex prefecto Aguilar y sus colaboradores fueron sometidos a proceso debido a las irregularidades que se presentaron en el proyecto del Puerto Seco. Entre ellas la elaboración de un contrato por el monto de 10.379.899,40 bolivianos, sin contar con el presupuesto suficiente efectuando además, la entrega irregular de fondos de avance y la contratación irregular de personal.

Fuente: LA PATRIA