Con un anuncio oficial del Gobierno en mayo pasado, se ha puesto en marcha la implementación de un "Plan de Empleo Urgente", que consta de cinco programas alternos que significará una inversión de 146,4 millones de dólares para generar 6.600 fuentes laborales, y en un lapso de dos años bajar la tasa de desempleo, garantizando fuentes laborales seguras y con dignidad salarial.
Se han planteado cinco opciones para la generación de trabajo y la reducción del desempleo de 4,5 a sólo 2,7 por ciento, lo que significará atender una demanda de ocupación, especialmente de núcleos sociales, "gente en edad de trabajar y aparte oportunidades para jóvenes profesionales".
Según el plan de gobierno, los programas arrancarán en la presente gestión, por lo menos uno de estos se realizará en alianza con el sector privado, que tiene tres modalidades interesantes, en la primera la empresa paga el salario mínimo de 2.000 Bs. y el Estado cubre los beneficios sociales; la segunda opción establece que el Estado cubre el 30% del salario mínimo, además de los beneficios sociales y la tercera modalidad es la contratación de profesionales jóvenes con un sueldo de 4.000 Bs., pero en este caso el Estado se hace cargo del pago de beneficios sociales, AFP y Caja de salud. En todo caso los planes se harán operativos una vez que se vaya adecuando la habilitación de nuevas fuentes laborales, seguramente con la instalación o crecimiento de empresas industriales en varios distritos del país.
Hay que señalar que la disposición de incremento salarial, tampoco este año fue consensuado con el sector empresarial que rechazó la medida señalando que "no hay condiciones propicias para producir más y elevar ingresos", sin embargo el sector propuso un documento con diez sugerencias para mejorar las condiciones de empleo y ampliar las posibilidades de disminuir las tasas de desocupación, pero en función a seguridades para invertir y la creación de incentivos para la instalación de nuevos emprendimientos industriales.
El gobierno anunció la ejecución de programas adicionales, como la inversión de 57 millones de dólares para un proyecto de inserción laboral y otros 40 millones de dólares para un programa de protección de áreas productivas. En el primer caso se considera una propuesta empresarial y en el segundo se priorizarán obras de desarrollo social en las que se habiliten por lo menos 5.000 empleos, aunque de duración temporal.
A propósito del tema, en el sector sindical se ha expresado cierta tranquilidad por la propuesta de crear más empleos, aunque la expresión generalizada de los sindicalistas es que sean fuentes de empleo estables y garantizadas, ya no temporales, además que estén plenamente garantizadas por la Ley General de Trabajo, en las instancias del sector estatal y también del privado, para lo que se necesita disponer de medidas colaterales que hagan viable el cumplimiento de metas para disminuir la tasa de desempleo nacional.
Los empresarios en su proyección observan la posibilidad de crear empleos estables y de largo plazo, pero siempre que mejore el clima laboral, esperan que las medidas que se apliquen sean el inicio de una serie de planes para generar empleos seguros, aunque salvando algunas dificultades propias del momento actual que deben apropiarse legítimamente para reactivar la industria formal.
Hay buenas intenciones y las perspectivas pueden mejorar para cambiar la figura existente en la actualidad con un altísimo porcentaje de trabajo informal que está al margen de la Ley y no implica ningún beneficio para el desarrollo nacional.
Fuente: LA PATRIA
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