Plataforma Todos Somos Tipnis advierte de inconstitucional ley que levanta intangibilidad

La plataforma ciudadana Todos Somos Tipnis, en un pronunciamiento previa la sanción de la ley que elimina la intangibilidad del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), advierte que la norma es inconstitucional, y que la apertura de carretera por el centro del Área Protegida (AP) será la punta de lanza para una amplia deforestación y "colonización" de uno de los últimos bosques bien conservados de la región amazónica de Bolivia, y el ingreso de actividades extractivistas e ilícitas.

En su pronunciamiento, la Plataforma integrada por defensores de los derechos humanos, intelectuales y activistas advierte que los efectos de la deforestación se manifestará en la disminución de las lluvias en los valles y el área montañosa, en la falta de contención del escurrimiento de la lluvia en el pie de monte lo que provocará el incremento del caudal de los ríos y una mayor frecuencia de inundaciones aguas abajo, además del fraccionamiento del paisaje o territorio, que implicará la disminución significativa o pérdida de la biodiversidad.

Cita como ejemplos, las megarepresas Rositas, Chepete y Bala; en la exploración y/o explotación petrolera en Tariquía, Iñao, TCO Tacana II y la minería en el Illimani, en los ríos amazónicos y otros, con un modelo inviable de "desarrollo".

Consulta de mala fe

Se menciona que la Constitución Política del Estado y leyes nacionales, establecen el derecho a la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas cuando se trata de llevar adelante actividades estatales dentro su territorio. Sin embargo, lo que hubo fue una consulta "póstuma", una burda falsificación y puesta en escena de matonaje estatal contra comunidades indígenas, en medio del conflicto desatado el año 2011.

"La misión de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), en consulta con los habitantes del Tipnis, pudo constatar que la consulta no fue de buena fe, no se respetaron sus costumbres y tradiciones, finalmente sus resultados han sido falseados y manipulados", alertan los activistas.

Los derechos indígenas no pueden ser una declaración, un requisito administrativo, sino un principio nacional y estatal de respeto a las formas locales de ver y reproducir su existencia, advierte el colectivo ciudadano, que le recuerda al Gobierno que no tiene ningún derecho a definir la forma de vida que deben llevar.

La plataforma alerta que el consultar una ilegalidad deja un peligroso precedente. La carretera por el núcleo del Tipnis es ilegal porque hay normas, desde la CPE hasta el reglamento de Áreas Protegidas, que ponen límites a obras con efectos sistémicos devastadores y, por tanto, con costos mucho mayores que los beneficios.

La intangibilidad

El colectivo ciudadano alerta que la intangibilidad, inscrita en la Ley 180 y su reglamentación, no prohíbe el desarrollo de actividades económicas de las comunidades indígenas amigables con el medio ambiente, ni la prohibición de construir infraestructura productiva y social (salud y educación), como lo señaló el vicepresidente Álvaro García Linera, quien quiso hacer creer que con esa norma no se podía levantar "ni una sola rama" del Tipnis.

"Lo que prohíbe son las actividades extractivistas que generan importantes pasivos ambientales, los asentamientos de personas ajenas como cocaleros, madereros y narcotraficantes, además de las obras de alto impacto ambiental como una carretera.

La plataforma también observa que la gran mayoría de las comunidades se encuentran muy lejos del trazo de la carretera, a la vera de los principales ríos del Tipnis, entonces cuestiona que si el Gobierno quisiera cumplir de buena fe con su obligación, debería usar los ríos para proveer servicios básicos u otros adicionales. "Es por eso que las comunidades dicen: el río es el camino", cita el documento.

Coca, narcotráfico y la extracción ilegal de madera

Con la carretera y la colonización se expandirán los cultivos de coca, advierte la plataforma ciudadana, que menciona que el 90% de la coca de El Chapare no pasa por mercados legales, por tanto se va al narcotráfico.

"Por ello, incrementar al doble de hectáreas es dar un espaldarazo al narcotráfico y a todo lo que esto conlleva: corrupción, desinstitucionalidad, criminalidad, prostitución, violencia, daño ambiental, relaciones internacionales narcotizadas, etcétera. Por tanto, el terreno virgen del Tipnis será la mejor herencia que el masismo dará a sus huestes más leales", señala el documento.

Fuente: La Paz, 8 (ANF)