Resulta que desde el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, mediante un documento expreso se ha solicitado a mediados del mes pasado al Concejo Municipal de Oruro, remitir a esa instancia toda la documentación que autorizó al Alcalde proceder a la firma de un contrato para la ejecución del proyecto "paso a desnivel" sobre varias cuadras de la Avenida del Ejército.
Según el documento, no se habrían cumplido los procedimientos establecidos por norma para dar por aprobado un contrato, siendo entera responsabilidad del ejecutivo municipal el avance de obras no autorizadas, por lo menos eso se desprende de las dudas que existen en el Viceministerio que exige transparencia en la ejecución de un proyecto, que como el observado implica un gasto que sobrepasa los 98 millones de bolivianos.
El documento reclama al Concejo Municipal la resolución por la cual se autorizó al alcalde la suscripción del contrato administrativo del proyecto citado, también piden un informe en el que pueda establecerse si el Concejo o algunos de sus miembros habrían asumido acción legal con relación al proyecto mencionado, de ser así se informe ante qué instancia y cuál su estado. El Concejo debe informar además si el ejecutivo realizó correcciones a las observaciones que hubiesen sido realizadas al proyecto y el seguimiento que se hizo a las mismas.
La respuesta fue contundente, señalando que las autoridades del ente deliberante no asumieron responsabilidad alguna, toda vez que no se emitió ninguna autorización para la ejecución del proyecto "paso a desnivel", atribuyéndose la responsabilidad al alcalde y sus unidades técnicas operativas.
De acuerdo al informe de la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Concejo Municipal, que maneja el caso, se ha respondido al Viceministerio peticionario, remitiendo toda la documentación requerida para que en esa instancia seguramente se adopten algunas medidas sobre el delicado tema que además por informes del Concejo, tampoco se habría legalizado el exigido proyecto a diseño final.
El problema está latente y de todos modos tendrá que surgir una solución legal y por supuesto técnica administrativa, toda vez que en los hechos hay un avance físico de obras, las mismas que inclusive han sido inspeccionadas por autoridades de la alcaldía, se han hecho algunos desembolsos y pese a la resistencia de vecinos y de algunas instituciones, el paso a desnivel, que es una "avenida sobre otra" en criterio de entendidos, está avanzando y su futuro por lo menos hasta que se legalicen sus trámites resulta incierto.
En el otro frente, según el ejecutivo del municipio, se presentaron los documentos pertinentes para que el Concejo los apruebe, pero no corrió el trámite porque según las autoridades deliberantes, el "legajo del proyecto llegó a destino a finales de gestión o sea cuando el Concejo no estaba en funciones", por lo mismo no fue considerado en esa instancia y ahora estaría fuera de toda norma legal.
Este asunto se arrastra desde el mes de febrero del 2016, las obras después de muchas objeciones comenzaron en julio, y tras el tiempo transcurrido, ahora más de un año, las cosas están fuera de los márgenes regulares, y se supone que una remediación tendrá que haber para corregir, algo que según muchas opiniones, no se ajustó oportunamente a las instancias legales. Lo que venga será otra prueba de que ciertamente, mal o bien, "la carga se acomoda en el camino".
Fuente: LA PATRIA
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