Medirán el impacto negativo de las medidas en la productividad
Empresarios locales preocupados por decretos que instruyen aplicar nuevas normas laborales
30 may 2010
Fuente: LA PATRIA
Afirman que no existió consenso con el gobierno para dictar las nuevas normas que afectan al sector
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La aplicación de nuevas normas en materia laboral a través del dictamen de decretos emitidos por el Estado Plurinacional afecta al sector empresarial, porque no fue consensuada con los productores que se ven obligados a revisar sus planillas de costos para analizar la posibilidad de generar nuevos empleos.
La preocupación fue expresada por el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Oruro (FEPO) Luis Ramiro García, señalando que cualquier medida que aplique el gobierno, necesariamente debiera ser consensuada, puesto que las inversiones corresponden al sector privado que es el único que sigue generando empleos, incluso en condiciones adversas por la falta de seguridad jurídica.
Las medidas que disponen el incremento salarial, la inamovilidad laboral, reincorporación de trabajadores, así como el pago del quinquenio y la prohibición de la terciarización afectan la economía de las empresas constructoras, porque existen micro y pequeñas empresas que ahora no podrán realizar los trabajos, denominados “terciarizados”, siendo así que muchas veces son pequeños núcleos familiares que generar fuentes de empleo para vender servicios, explicó.
Las empresas del rubro de la construcción también afrontarán problemas porque contratan a personal por determinado tiempo, vale decir por meses, por ejemplo para ejecutar los trabajos de obra gruesa y de obra fina, lo que afecta de igual forma a los pintores y otros maestros albañiles que trabajan en la modalidad de trabajo terciarizado por su especialidad, agregó Ramiro García.
Lamentó que el gobierno no haya consensuado con el sector empresarial y laboral la aplicación de las nuevas medidas laborales y sociales, puesto que incluso los propios trabajadores están en desacuerdo con la aplicación de lo dispuesto en los decretos por ser perjudiciales más que constituir un beneficio para ellos.
Recordó que siempre se dejaba abierta la posibilidad de la negociación salarial para ver la economía de cada empresa y establecer parámetros del porcentaje a ser incrementado, tomando en cuenta los factores de producción, comercialización y del costo beneficio que muchas veces permitió incluso un aumento mayor al establecido por decreto del gobierno.
En el caso del pago de quinquenios, dijo que afecta en gran manera a las empresas grandes o con mayor número de trabajadores, así tengan provisión y el respaldo necesario, porque eso supone que deben tener un flujo de caja que muchas veces supone un gran desembolso en la situación de las empresas con varios trabajadores con los mismos años de antigüedad, vale decir cinco años.
Consultado sobre la prohibición de la terciarización de servicios indicó que esa medida afecta a la micro y pequeña empresa, porque se han constituido algunas de ellas que tienen una esencia y base fundamentalmente familiar, por ejemplo las unidades de limpieza que no necesariamente dependen de las empresas grandes o sectores productivos y de servicios, sino que realizan su trabajo y facturan, contribuyendo con el pago de impuestos.
Estas micro empresas se han especializado en varios rubros y generan importantes ingresos con mínima inversión, pero ahora podrían quedar sin empleo cientos de personas que trabajan en estos rubros, porque hay una prohibición expresa y la norma dice que se aplicarán sanciones si no se acata, afirmó el presidente de los empresarios, al manifestar la preocupación del sector, porque en vez de fortalecer la micro, pequeña, mediana y gran empresa, el gobierno busca debilitar a quienes son los únicos generadores de empleos dignos.
El tema de la minería es preocupante, porque hasta la fecha tampoco se resuelve la situación de inseguridad jurídica en la que viven gran número de productores mineros, que hasta tienen prohibido ingresar a sus yacimientos y propiedades mineras por la inseguridad jurídica que cada día va en aumento con los hechos luctuosos que ocurren, donde a título de justicia comunitaria, se cometen crímenes y se demuestra que existe más violencia que escapa al control de los organismos de seguridad del gobierno, concluyó García.
Fuente: LA PATRIA
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