Pacto fiscal y recursos económicos

Está nuevamente en debate la "asignación efectiva" de recursos económicos a los gobiernos regionales y las posibles fuentes de dichos fondos, aspecto técnico que debe aplicarse en materia de asignaciones y las inversiones que deban obtenerse para fortalecer los presupuestos de las organizaciones departamentales.

Actualmente hay un desfase en el cronograma de tratamiento del pacto fiscal y sus regulaciones operativas, considerando que la etapa que se cumplió en días pasados correspondía a reuniones programadas para el primer mes del año y avanzar hasta marzo, mientras que en abril y para terminar en julio se programó la quinta del análisis de las fuentes, temas que comienzan a ser considerados recientemente, por lo mismo hay un enorme retraso en el cronograma del debate sobre el pacto fiscal.

Como dato referencial se confirmó que durante el pasado año las gobernaciones recibieron total de Bs.- 5.444 millones, mientras que este año y hasta el final de la gestión sólo recibirán 4.429 millones de Bs. Los municipios del país el 2016 recibieron 11.575 millones y este año sólo tendrán 10.178 millones de bolivianos. La diferencia no se salvará esperando más recursos del Estado, por lo mismo se ha planteado a las autoridades departamentales, asumir responsablemente el reto de crear fuentes generadoras de recursos para compensar la asignación recortada.

Se espera que el debate del pacto fiscal sea productivo al considerar la generación de mejores condiciones materiales para los gobiernos autónomos, pues se trata de alcanzar un nivel ideal de independencia para crear fuentes de ingreso y al mismo tiempo los mecanismos idóneos para invertir y gastar esos recursos, considerando el hecho de que las inversiones deben redituar utilidades y los gastos no deben exceder límites permisibles de buenas operaciones. El pacto fiscal debe ser un mecanismo para generar recursos propios a través de crear empresas estratégicas, departamentales o municipales bajo competencias de rigurosa fiscalización.

Algo que debe modificarse en función a las exigencias de operabilidad del pacto fiscal, es la actualización de varias leyes que en el momento presente no responden al proceso de instauración de las autonomías que deben regular la vigencia de gobernaciones y municipios, se trata de las leyes, de Administración y Control Gubernamental (Safco), la Ley de Seguridad Ciudadana y el Código Tributario vigente que no condicen con los fines de apropiación del pacto fiscal y sus objetivos de obtener y disponer las asignaciones provenientes del Estado para apoyar en un marco de absoluta equidad la funcionalidad de los departamentos que logren aprobar sus estatutos autonómicos y las respectivas Cartas Orgánicas que son los instrumentos oficiales del manejo económico de las regiones.

Los nuevos retos para ser considerados al tratar el pacto fiscal, se relacionan con el tratamiento de una ley de presupuesto autonómico y la definición de un régimen financiero que permita a los gobiernos autónomos incluir todas las nuevas regulaciones en sus reglamentos y cartas orgánicas, para viabilizar la funcionalidad del pacto fiscal, mientras tanto sigue la dependencia departamental al poder central.

Fuente: LA PATRIA