Brasil usa crisis como cortina de humo para recortar derechos, denuncia AI

Ahogado por la crisis económica y política, Brasil vive también una ofensiva para recortar derechos humanos con medidas de "enorme impacto a largo plazo", denunciaron hoy (ayer) activistas de Amnistía Internacional (AI) durante la presentación de la campaña "Los derechos no se liquidan".

Bajo este lema, la organización promueve una iniciativa de denuncia y movilización contra el retroceso de derechos que ha comenzado con la aprobación de polémicas propuestas, como la reforma laboral o el techo de gasto en políticas públicas, denunció Renata Neder, asesora de Amnistía.

"La crisis política funciona como una cortina de humo mientras el Congreso trabaja para aprobar leyes que suponen un retroceso en derechos sin que nadie lo discuta", lamentó Neder en declaraciones a Efe en Río de Janeiro.

La ofensiva de recortes, agregó, afecta tanto a derechos de la infancia, como laborales, de manifestación, expresión, salud, educación o seguridad pública.

Mientras, subrayó la organización, la violencia avanza en el país ante un "Estado ausente, incapaz de aplicar políticas para reducirla".

Según Renata Neder, los homicidios aumentan en todo el país, aunque con mayor incidencia en el Norte y Nordeste, en ciudades medianas y pequeñas y en Río de Janeiro y Sao Paulo.

Las víctimas cada vez son más jóvenes y el perfil medio es hombre, negro y pobre.

Un problema que, afirmó, puede agravarse con la aprobación de medidas como la que impulsa la Cámara de Diputados para relajar los controles sobre el uso de armas.

Se trata de una "temeridad", según Amnistía, que recordó que en 2015 en Brasil se registraron 60.000 homicidios y que más del 70 % de ellos se cometió con armas de fuego.

El cuadro se agrava en Río de Janeiro, que "vive una crisis dramática en todos los niveles", apuntó Neder, y donde se registran "niveles cada vez más altos de violencia letal, inseguridad y militarización".

El último intento de la administración para frenar la violencia en Río ha sido el despliegue de 10.000 soldados, siguiendo la lógica de que en la región vive una "guerra".

"No estamos en guerra, no podemos admitir el abuso de las autoridades del concepto de guerra porque eso banaliza la actuación de la policía", afirmó Neder.

La violencia policial también se ha multiplicado, según la activista, quien denunció que "si en Río de Janeiro la policía deja de matar, cae un 20 % el número de homicidios".

Para Gizele Martins, periodista y activista de Redes da Mare, la mayor responsabilidad en el problema de la violencia que sacude Río es de la administración, que actúa como "un Estado que aterroriza nuestras vidas, con constantes tiroteos".

"No es una política de combate a las drogas, es de exterminio, de asesinato de los pobres", denunció Martins, que reveló que 6 miembros de su familia fueron "asesinados por el Estado" en el complejo de Maré, que aglutina a más de 132.000 personas.

"Tenemos un Estado en crisis que invierte en policías pero no en salud", lamentó Martins, para quien en realidad se persigue "limpiar la ciudad de pobres".

Según estimaciones del Instituto de Seguridad Pública, en lo va de año Brasil registra una media de 19 muertes violentas diarias, un 16 % más que el pasado año.

"Es hora de unirse para decir alto y claro al Congreso, que no vamos a permitir ningún retroceso en la protección de los derechos humanos y recordarle su deber de garantizar los derechos humanos a todas las personas", advirtió Jurema Werneck.

Fuente: Río de Janeiro, 3 (EFE).-