Proceso autonómico nace con un alto grado de conflictividad
30 may 2010
Fuente: La Paz, 29, LA PATRIA.-
La ley corta es “un mal paso” que genera incertidumbre en las regiones afirma, analista Carlos Cordero, su colega Jimena Costa dice que el Poder Ejecutivo debe dejar “de meter su nariz” en las regiones.
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El proceso autonómico boliviano que hoy nace oficialmente con la posesión de los nueve gobernadores elegidos, por primera vez en la historia, por el voto popular, en Sucre, se iniciará con un alto grado de conflictividad y con un pronóstico reservado para el futuro, según el vaticinio de dos analistas.
La ley transitoria de las autonomías conocida también como ley corta, “es un mal paso” en la medida que genera incertidumbre en las regiones porque despierta una preocupación de que, en cualquier momento, el Gobernador que ha sido electo por el voto ciudadano puede ser revocado por una medida judicial, o con una investigación, afirma Carlos Cordero.
La citada norma establece que el Gobernador cesará en sus funciones a sola denuncia e imputación del Fiscal y de ser considerado culpable, la asamblea elegirá a su sucesor de entre sus miembros.
En una entrevista con LA PATRIA, Cordero dice que esa norma legal hace que las autonomías en las regiones donde los gobernadores elegidos son opositores al gobierno del Presidente Evo Morales, su aplicación será “muchísimo más lenta” debido a la conflictividad entre el gobierno central y esas regiones.
Las autonomías son un proceso largo de construcción y también de aprendizaje tanto para el gobierno central, como para los gobiernos regionales, un aprendizaje mutuo, que ambos tienen que aprender y de aquí en adelante, a convivir a compartir, a coordinar, dice Cordero.
Y añade que, en la medida en que exista conflictividad, se revoquen gobernadores, lo que va a ocurrir es que va existir una alta inestabilidad y una alta incertidumbre en las gobernaciones, por lo que el desarrollo autonómico también se verá afectado.
MUNICIPIOS
El analista compara el actual proceso con lo que ocurría en Bolivia entre 1985 y mediados de la década de los años 90s con los municipios que entonces, eran una experiencia novedosa pero también altamente conflictiva.
Había alcaldes que sólo duraban meses en el cargo, partidos políticos que se cuoteaban las alcaldías, no había institucionalidad política, no había dinero y tampoco planes y menos infraestructura.
De acuerdo a Cordero, este problema se trasladará ahora a las gobernaciones ya que el primer desafío que tienen los gobernadores es desarrollar la infraestructura necesaria para el funcionamiento adecuado de las asambleas departamentales.
Y en forma simultánea, se debe resolver el problema de las normas, es decir, de los estatutos que normarán el trabajo de la asamblea y de su relación con el ejecutivo departamental.
“Pero a partir de lo que ha ocurrido, a partir del juramento oficial, a partir de estos juramentos regionalizados, da la impresión que estamos abriendo un largo capítulo de conflictos entre el gobierno central y las regiones”.
LEGALIDAD Y GESTIÓN
El analista cree que todos los gobernadores, asistirán hoy a Sucre porque, “quieren evitarse problemas ante el gobierno central, van asistir pero, le van a dar una mayor significación, un mayor brillo a los juramentos en sus regiones”.
Dice que los gobernadores opositores estarán en Sucre para ser posesionados por el Presidente Morales, sólo con el ánimo de no tener problemas legales y tampoco irritar más una relación que ya está muy tensa.
SEÑAL
El acto a realizarse en Sucre es también una señal interna y externa del presidente de que aquí, hay una autoridad nacional central que es el Presidente del Estado el cual está queriendo decirle al resto del país que su autoridad está por encima de los gobernadores y que las relaciones que deben plantearse entre el gobierno central y las regiones deben estar bajo esta premisa.
LA NARIZ EN LAS REGIONES
Para la analista Jimena Costa, el gobierno debe dejar de “meter la nariz en las regiones” ya que históricamente, el centralismo siempre metió la nariz y nos ha llevado a muchos conflictos y distanciamientos en el proceso de construcción de las autonomías. El Presidente debería acompañarlo y no tratar de entorpecerlo, afirma Costa.
En declaraciones a una emisora paceña, la analista recordó que hasta el 2009, los prefectos eran posesionados por las autoridades judiciales de cada distrito.
Dijo que los gobernadores electos de Santa Cruz, Beni y Tarija en determinado momento tuvieron conflictos con el gobierno que desarrolló estrategias para descalificarlos. “Hemos visto el tema de Leopoldo Fernández (Ex Prefecto de Pando) que aún no se resuelve fuera de todo procedimiento legal.
Lo razonable era que sean los presidentes de las asambleas departamentales que son elegidas por el voto popular que tienen toda la legitimidad que sean las que posesionen a los gobernadores como es el caso del Vicepresidente que como presidente nato del Congreso, posesiona al presidente de la República.
Sería deseable que la cabeza del ejecutivo departamental posesione al gobernador porque el hecho que el Presidente los vaya a posesionar en alguna medida los subalterniza, los pone en un nivel inferior y no es razonable ya que ellos ya no vienen de un mandato presidencial sino del voto popular.
Para Costa estas actitudes no son necesarias si se quiere tener una gestión democrática de concertación, de coordinación, “no hay necesidad de maltratar al otro”.
Porque finalmente, le guste o no al gobierno, esa es la decisión del voto popular y los gobernadores (de la oposición), tienen la misma legitimidad aunque no en el mismo ámbito territorial.
Fuente: La Paz, 29, LA PATRIA.-
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