Líder indígena justifica linchamiento y Gobierno pide que entreguen cadáveres

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El líder indígena boliviano Rafael Quispe justificó hoy el linchamiento de cuatro policías cometido por clanes cercanos a la frontera con Chile y dijo que es resultado de "falencias" del Estado, mientras el vicepresidente Álvaro García Linera rogó a los asesinos entregar los cadáveres de los agentes.

Según medios informativos locales, Quispe afirmó que lo ocurrido en la región de Potosí (sudoeste) es resultado de "las falencias que tiene la actual estructura del Estado, que se preocupa más por temas políticos que por atender las necesidades socioeconómicas de la población, particularmente de las comunidades indígenas".

Quispe, mallku (cacique) de los clanes del Altiplano andino, dijo que el linchamiento de cuatro agentes el domingo, es un aviso al presidente boliviano, Evo Morales, que está más preocupado por asuntos partidarios que por la presencia del Estado en comunidades víctimas del abuso de malos policías que los extorsionan.

Agregó que se enviaron a tiempo cartas a Morales y otras autoridades, sobre abusos policiales, en la región donde ocurrieron los linchamientos, sin resultado alguno, y que, por eso, cansados de la situación, los indígenas torturaron y asesinaron a los uniformados.

Por su parte, el vicepresidente García Linera dijo que hechos como el ocurrido en Potosí se presentan "en cualquier sociedad del mundo".

"Usted váyase a una gran sociedad desarrollada, como el Bronx o váyase a una favela en la ciudad. Hay lugares donde se presentan conflictos intensos, donde la autoridad coercitiva tiene problemas temporales para poder imponer su mandato", aseguró el mandatario en funciones, por el viaje de Morales a Brasil.

Linera rogó a los indígenas que lincharon a los policías que recapaciten y entreguen los cadáveres, a lo que por el momento se han negado.

"Es una invocatoria a los pobladores, es un tema de humanidad. (...) Todo familiar quiere tener los restos de su familiar cerca de él. De manera respetuosa, pero firme, pedimos que se entreguen los restos de los cuatro policías asesinados a sus familiares", suplicó el mandatario en funciones.

Para Linera, ahora "lo importante es delimitar el área y darse cuenta que es un hecho temporal que va a ser resuelto mediante los mecanismos pacíficos y legales con que cuenta el Estado".

El Gobierno de Morales quiere negociar con los indígenas potosinos que torturaron y lincharon a los policías para que devuelvan los cadáveres y permitan la investigación del crimen.

"No se necesita intervenir, hay que hacer las cosas bajo diálogo. Nosotros dialogamos hasta el último momento", dijo a los medios el viceministro de Régimen Interior, Gustavo Torrico.

Sin embargo, una asamblea de los "ayllus guerreros" (clanes) del norte de Potosí en el pueblo de Uncía, donde ocurrió el crimen, declaró "zona roja" la región y no permite el acceso de policías ni fiscales para buscar los cadáveres.

Los indígenas admitieron en la reunión y ante los medios, haber linchado a los policías, a quienes acusaron de homicidios, robos y extorsiones en la región.

Los clanes aimaras y quechuas del Altiplano boliviano, alegan que en ese y otros linchamientos, aplican la llamada "justicia indígena originaria", que quedó reconocida en la constitución que promulgó el presidente indigenista Evo Morales hace un año.

Sin embargo, las autoridades no aceptan que se incluya los asesinatos en la "justicia indígena", mientras que la prensa boliviana recoge hoy críticas a la actitud oficial de negociar con asesinos que, además, ponen condiciones para entregar los cadáveres de las víctimas.

Fuente: La Paz, 28 (EFE).-