Democracia y derecho electoral

El éxito de un proceso electoral depende de la planificación, organización, administración y ejecución dentro del contexto democrático de un país. Entendiendo que cada etapa deberá estar reglamentada de acuerdo a la normativa legal y procedimental, con el objetivo de conseguir fortalecer la democracia y obtener la participación mayoritaria de la población.

El derecho electoral es una rama del derecho público -que tiene una estrecha relación con la ciencia política- cuyo objeto de estudio es la regulación de los procesos electorales -en los que se elige a gobernantes, o se decide sobre algún tema de interés a través del referéndum en todo el territorio de un Estado-. Así como procedimientos para la inscripción del electorado y de las candidaturas, su financiamiento, votación, escrutinio, y atender en los procesos contenciosos jurisdiccionales derivados de denuncias de fraudes electorales.

La relevancia del derecho electoral es visible en un Estado democrático de Derecho, en donde progresivamente se han logrado -a lo largo de la historia- progresos en los derechos políticos de los ciudadanos, como la extensión del voto de un sector reducido de la población (por ejemplo la aristocracia) a todos los mayores de 18 años, y con la llegada del voto al sector femenino. Se fortalece y obtiene el respeto y confianza de un pueblo cuando toda esta gama de procedimientos y normas legales es administrada por órganos electorales independientes y sin afinidad política -a los gobiernos en función de gobierno-garantizando la libre competencia y la igualdad de oportunidades en una contienda electoral; con el objetivo de que todos los procesos lectorales sean libres transparentes y honestas.

El reconocimiento del principio democrático es, condición necesaria para que el derecho electoral se organice democráticamente, y esto, a su vez, es un prerrequisito esencial de la garantía de la democracia. Considerando la íntima relación entre democracia y derecho electoral, el reconocimiento creciente del principio de la democracia no pudo quedar sin consecuencias para el derecho electoral, no sólo respecto al derecho subjetivo de elegir y ser elegido, sino también respecto a la organización del proceso electoral en su parte administrativa. En los hechos, el proceso de democratización del sufragio, es decir, su extensión paulatina a sectores cada vez más grandes de la población, que corresponde al surgimiento de la democracia moderna, fue acompañado por medidas legales que apuntan a impedir el fraude electoral y sanear las prácticas electorales. Así se intentó impedir y restringir, mediante previsiones, prescripciones administrativas y control social, aquello que cuestionara la credibilidad y legitimidad de las elecciones. Con este objetivo se creó, por ejemplo, la institución de las autoridades electorales, cuya actuación debía ser independiente del poder político y de las fuerzas partidarias involucradas.

En este mismo sentido se perfeccionaron los procedimientos de inscripción y control de los resultados electorales. Estas medidas partían del reconocimiento de "que no habrá posibilidad de elecciones libres en la práctica, si no se dispone de una administración competente, de un poder judicial independiente del gobierno que inspire confianza absoluta de rectitud inflexible ante la coacción o los intereses particulares, y de una opinión pública enérgica capaz de reprimir todo intento de violencia y corrupción".

Mientras que en las democracias de los países industrializados la administración electoral llegó a perfeccionarse lentamente en América Latina, al menos en algunos países, el establecimiento de instituciones, reglamentos y prácticas administrativas para garantizar el libre ejercicio del sufragio y la libre expresión de las preferencias políticas siguió siendo un problema pendiente. Por el contrario, incluso puede decirse que los efectos políticos del sufragio universal fueron socavados por prácticas de manipulación electoral, y esto no sólo en contextos autoritarios en los que por su misma naturaleza quedan excluidas unas elecciones democráticas.

En otros países de América Latina con una considerablemente larga tradición democrática comparable a las democracias en los países occidentales industrializados se generó, por el contrario, una tradición electoral democrática fundada en el Estado de derecho que se volvió una parte de la cultura política y sobrevivió a las fases autoritarias. Incluso se puede decir que esta tradición electoral facilitó la superación del autoritarismo, en tanto que los resultados de votaciones realizadas bajo regímenes militares se volcaron en contra de la dictadura, como por ejemplo en el referéndum de 1980 en Uruguay y en el plebiscito de 1988 en Chile. En Costa Rica, Uruguay y Venezuela, dicha tradición electoral se articuló como un cuarto poder (poder electoral) a partir de las autoridades electorales supremas.

Con la recuperación de la democracia en América Latina en la década de 1980, creció rápidamente la conciencia de la estrecha relación entre democracia y derecho electoral. Además, hoy se tiene más presente que el derecho electoral no sólo se define por el derecho individual de participar en la elección de órganos representativos, sino también por todo este conjunto de normas que regulan el proceso electoral: la institucionalización de los actores en este proceso; su independencia del gobierno; la elaboración del registro electoral; las disposiciones que garantizan la libre competencia y la igualdad de oportunidades en la contienda electoral: la operación material de la votación que asegura la libertad y el secreto del voto; la fiabilidad del escrutinio; en suma, todas aquellas garantías administrativas y jurídicas destinadas a que las elecciones sean libres y honestas .

Finalmente, frente a las experiencias del pasado en las que el fraude electoral fue a menudo el detonante de revueltas y reacciones violentas de los actores políticamente oprimidos, también creció la conciencia de que la influencia civilizadora de las elecciones, en contraposición sobre todo a formas violentas de canalizar conflictos, radica en el establecimiento y mantenimiento de las normas de un derecho electoral democrático.

Expresión de esta creciente experiencia son las reformas que se operaron en las legislaciones electorales de distintos países latinoamericanos. Igualmente importante es el decidido esfuerzo de las autoridades electorales en distintos niveles de la organización electoral para resguardar y mantener los estándares democráticos para procesos electorales libres y transparentes.

(*) Ingeniero