Miercoles 26 de julio de 2017
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Algo no ha entendido bien el Gobierno de todas las evaluaciones que se hacen dentro y fuera del pa铆s sobre la falta de seguridad jur铆dica para la actividad econ贸mica en Bolivia.
Cuando se esperaba que comience un mea culpa y un proceso de enmienda de todos los errores que debilitan la libertad econ贸mica, el gobierno propone la aplicaci贸n de sanciones penales para las empresas.
No es, ciertamente, un modo muy eficiente para alentar a nuevas inversiones, internas o externas, que fortalezcan la econom铆a del pa铆s.
Cuando el sector informal representa 78% de las empresas del pa铆s, lo que refleja c贸mo son perseguidas las empresas del sector formal, se crea una nueva figura para ahuyentarlas, para amedrentarlas.
Si esto no es un error, es que la iniciativa forma parte de un plan dirigido a acabar con el sector privado formal y legal, quiz谩 para cumplir alg煤n plan espec铆fico.
Con las empresas estatales recibiendo respiraci贸n artificial y sometidas a "reingenier铆as" que equivalen a un programa de despido de empleados, amenazar a las empresas formales parece un plan coherente, pero coherente con un prop贸sito de destruir la econom铆a.
