Madre clama probidad de la "justicia" boliviana

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Desde el 30 de noviembre del 2016, la madre de familia M.M.C. vive una verdadera pesadilla, al no encontrar respuestas de la "justicia" boliviana para esclarecer el fallecimiento de su hijo que ocurrió en situaciones "extrañas" en Rosario-Argentina.

El cuerpo de su retoño llegó herméticamente sellado y sin una cristiana sepultura por parte de la progenitora, el cadáver apareció enterrado en el cementerio de Iroco, supuestamente por el padre y algunas personas, pero no así por la madre.

A partir de ese momento, ella busca la probidad de la "justicia" boliviana para esclarecer el fallecimiento de su hijo.

ANTECEDENTES

La víctima fue identificada como José Luis Álvarez Mamani de 20 años, que según la denuncia establecida en el requerimiento conclusivo presentado ante el �?rgano Jurisdiccional por el Ministerio Público, en octubre de 2016, él sacó un préstamo de 20 mil dólares del Banco Unión, con la ayuda de su padre.

A insistencia del progenitor, viajó a la Argentina, donde invertiría el dinero para emprender un negocio con la instalación de tiendas.

En noviembre del 2016, sorpresivamente José llegó a Bolivia y expresó su decepción afirmando que "su padre le había engañado", porque el préstamo que sacó no fue para él, sino que su progenitor lo usó en sus negocios, "dejándolo en la calle".

El 27 de noviembre, José llamó a su madre muy molesto contra su padre y ratificó el engaño que habría sufrido con la inversión del dinero. Tres días después la madre se enteró que su hijo había fallecido. Una primera versión que se conoció en ese momento es que José se habría suicidado.

El 3 de diciembre, el padre junto a la concubina de la víctima y el hermano de ésta, hicieron llegar el cadáver a Bolivia. De voz de la concubina, según la denuncia, su pareja se habría caído en una fiesta, motivo por el cual perdió la vida y posteriormente, surge una tercera versión en el sentido de que alguien le habría disparado con un arma de fuego. Al final, nadie supo dar una versión real del fallecimiento de José.

Una vez el cuerpo en Bolivia, y con el cajón herméticamente cerrado, la madre desconfió que sea su hijo el que estaba dentro. Motivo por el cual pidió al Ministerio Público asumir acciones e inicie la investigación pertinente.

A un principio, la Fiscalía se negó a realizar los actuados de investigación arguyendo que el hecho ocurrió en la Argentina. Ante esa situación se generó un movimiento ciudadano con varias movilizaciones y puso al Ministerio Público "contra las cuerdas". Hasta ese momento sólo se tenía la fotocopia simple del certificado de defunción emitido por las autoridades argentinas, en que se establecía la causa del fallecimiento como "muerte violenta".

Posteriormente, la madre denunció ante las autoridades al padre de José como el presunto autor del hecho y a la concubina como cómplice.

NECROPSIA

Finalmente, el miércoles 18 de enero se practicó la necropsia de José Álvarez bajo la dirección del fiscal Alberto Cruz. Aquel actuado se efectuó en la morgue del Cementerio General. El protocolo de la necropsia señaló que la víctima falleció a consecuencia de un Traumatismo Encéfalo Craneal (TEC) cerrado, sin establecerse las causas del deceso.

Desde ese momento la madre estuvo peregrinando en busca de justicia, sin embargo, las puertas se le iban cerrando por carecer de elementos suficientes para que el Ministerio Público realice la imputación pertinente al respecto.

MADRE

Para la madre su hijo fue maltratado antes de morir, por las evidencias que se observaron durante la necropsia, ya que no solo presentaba golpes en la cabeza, sino también en los brazos y piernas, como se indica en el protocolo de autopsia.

Asimismo, ella observó el cambio de investigador y al pedir uno nuevo, se presentó con varios obstáculos en la Fiscalía. Fue una marcha la que propició que se dé curso al memorial que solicitó para el cambio de investigador.

En junio de este año, el fiscal Juan Villarroel Sejas emite un requerimiento conclusivo de rechazo que en la parte resolutiva establece textualmente: "Requiere el rechazo de la denuncia y actuaciones policiales".

En el argumento señala que no existen suficientes elementos de convicción a fines de determinar que los presuntos autores, sean con probabilidad autor o partícipes del hecho de asesinato.

Según la progenitora el fiscal le aseguró que los hechos pasaron en la Argentina y que la investigación debía realizarse en ese país.

"Su cuerpo ha estado aquí, los que son culpables también están en la ciudad de Oruro y cuando le pregunté por qué no se puede hacer aquí la investigación, me dijo que se tienen convenios internacionales y se estaría entorpeciendo el proceso de la Argentina. Dijo que el ataúd estaba lacrado, pero no era así, sino estaba soldado, no estaba lacrado con una cinta o un papel colado, nada", afirmó M.M.C.

Recordó que nunca le avisaron para ir a enterrar a su hijo, sino que el ataúd fue violentado presumiblemente por el padre de la víctima.

"Mi hijo estaba desnudo, no tenía ni siquiera ropa interior, eso puede permitir un propio padre que le hagan a su hijo. Por eso pido justicia para mi hijo y que pague el culpable, Mi hijo era joven de 20 años y ha regresado muerto, ahora sólo veo papeles y ahora dice el fiscal que se ha rechazado la investigación", señaló.

FISCAL

Por su parte, el fiscal Juan Villarroel Sejas dijo que la primera fiscal que conoció el caso, Marian Portillo desestimó el caso por cuestión de jurisdicción, no correspondía en Bolivia. Sin embargo, se abrió la investigación.

"Asimismo, ante la conminatoria que insistían en el juzgado y habiendo vencido súper abundantemente el plazo para la etapa preliminar como la ampliación, no teniendo los elementos suficientes para poder hacer la imputación formal e individualización, no habiendo establecido la responsabilidad del presunto autor se ha emitido la resolución de rechazo conforme corresponde a procedimiento", dijo.

Ante ese hecho, indicó que la parte denunciante impugnó la resolución de rechazo y actualmente se encuentra ante una autoridad superior, para que se emita la resolución jerárquica.

BARRERAS

Por su parte, el abogado de la parte denunciante, Alfredo Santos impugnó esa resolución bajo el argumento del principio de nacionalidad. La Ley Penal nacional, dijo en la impugnación, puede perseguir a connacionales en dónde quiera estos se encuentren o sancionar a aquellos que habrían cometido un delito en estado extranjero y se encontraran en el territorio nacional.

Santos puso como ejemplo el caso del accidente del vuelo de LaMia, donde fallecieron los integrantes del equipo de fútbol Chapecoense, cuyo autor fue un piloto boliviano.

"En nuestro país se iniciaron las investigaciones, incluso se imputó en contra de directivos de la empresa LaMia, inclusive se ha dispuesto medidas cautelares de carácter personal como es la detención preventiva", justificó.

Fuente: LA PATRIA