"Hemos pedido a todas las instituciones públicas, ministerios, gobernaciones y municipios que tienen que informarnos sobre cuánta gente habla idioma originario, cuántos están estudiando y cuántos no quieren hablar en cada ministerio porque la ley se cumple. Estamos estableciendo que el plazo o tiempo máximo sea este fin de mes, de entrada ya tenemos 12 ministerios, de entrada ya tenemos los problemas que vamos a evaluar", aseguró.
Sin especificar los nombres de los 12 ministerios, el viceministro Cárdenas exigió a las máximas autoridades ejecutivas cumplir y hacer cumplir la ley imponiendo sanciones a los funcionarios que no hablan un idioma originario. Según Cárdenas, quienes no cumplen lo establecido en la norma corren el riesgo de perder su fuente laboral.
"Hasta ahora podemos tener como 12 ministerios que nos han informado. Las autoridades de los ministerios, gobernaciones y municipios deben hacer cumplir la ley. Las máximas autoridades de cada institución tienen que ver con las sanciones, porque están incumpliendo la ley y por lo tanto tienen que tener sanción, yo dirÃa que está en peligro su estabilidad laboral", aseveró.
Recordemos que el 2 de agosto de 2015 se cumplió los tres años que estableció la ley 269, para que todos los funcionarios públicos hablen un idioma originario, misma norma textualmente señala que "toda servidora o servidor público que no hable un idioma de las naciones y pueblos indÃgena originarios campesinos, deberá aprender el idioma de la región, a nivel comunicativo, de acuerdo al principio de territorialidad en un plazo máximo de tres años".
Cárdenas señaló que la mayorÃa de los servidores públicos, en este momento, está en el proceso de aprendizaje, por lo que espera que para el 2019, que es el Año Mundial de los Idiomas, Bolivia pueda presentarse con sus 36 idiomas fortalecidos, normalizados y con la contribución de los servidores públicos.
"Tenemos un universo de 350 mil servidores públicos, de los 350 mil, nosotros como Viceministerio hemos entregado certificados a por lo menos 50 mil, pero hay que articular información con otras instituciones del Estado. Existe gente que ya ha estudiado y tiene certificados, pero hay gente que está estudiando, no tiene certificado y es la gran mayorÃa", explicó.
La autoridad de Estado afirmó que se ha identificado tres problemas desde la implementación de Ley 269 General de Derechos y PolÃticas LingüÃsticas. La primera tiene que ver con la certificación que brindan algunos institutos, que en su criterio no son formales, por lo que es necesario obtener certificación de instituciones estatales.
"El problema es que muchos servidores públicos han presentado certificados de que hablan idioma que vienen de institutos que no tiene seriedad en el tema de idiomas. Pero cuando se trata de servidores públicos, hemos dicho que el único certificado valido es el que emana del mismo Estado, otros certificados son válidos para nosotros y deben actualizarse", dijo
Finalmente, dijo que el tercer problema está relacionado con los servidores que saben hablar un idioma, pero no tienen la certificación respectiva, a quienes aconsejó acudir al Instituto Plurinacional de Lenguas y Culturas (IPELC) para recibir el documento, previa evaluación.
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