En mis tres décadas de ejercicio profesional informé sobre las más diversas manifestaciones de protesta de los bolivianos, tan rebeldes y tan creativos para inventar consignas y formas para llamar la atención estatal sobre algún asunto desagradable.
Recuerdo, por ejemplo, aquellas dramáticas jornadas en las cuales, desesperadas mujeres y algunos viejos desnudaron sus pechos contra la ley que limitaba sus derechos. No era la performance ordenada de algún artista que pide voluntarios para una foto de concurso sino la humillante exposición de arrugas con años de pobreza.
En el otro extremo estaban casos sorprendentes como la marcha de las “madres de las enfermeras sin título” que exigían el derecho de sus hijas a trabajar en los hospitales públicos. Provocaba risa la barricada de los vecinos en la calle Villazón y su consigna: “No queremos baño” contra el plan edil de habilitar aseos públicos ahí cerca.
En las últimas décadas, el Estado se defendió o protegió los derechos de los otros usuarios o transeúntes con la acción de la Policía Nacional; en casos extremos, en carreteras o en protestas sociales duraderas, intervinieron efectivos militares.
Desde hace 10 días, los paceños contemplamos y padecemos una nueva forma de protesta: el bloqueo de la Policía Militar a los trabajadores municipales que deben concluir la última fase de los Puentes Trillizos, una vía que unirá a los habitantes de las laderas, los distritos más carentes de la ciudad.
Al más alto nivel jerárquico, las Fuerzas Armadas de la Nación -las mismas que fueron creadas por nuestros Libertadores- han ordenado que no pasen tractores y mezcladoras en una acción contra el Gobierno Municipal de La Paz. Acá no interesa examinar las razones expresadas por los militares, por el propio Ministerio de Defensa, sino lamentar profundamente que los llamados a coadyuvar la vía democrática -la del diálogo- opten por la acción directa y violenta.
No sé si los jefes militares escuchan las radios, de diferentes intereses, que han reproducido las quejas de la población contra esta decisión que nadie entiende. ¿A quién perjudican los uniformados? ¿Al consorcio que construye los puentes? ¿Al gobierno municipal? ¿A Juan del Granado? ¿A la transición edil de este 30 de mayo? ¿Al futuro alcalde? ¿Por qué no se sientan a negociar como se pide a otros sectores en conflicto?
Ninguno de ellos sale tan perjudicado como los propios habitantes de las villas que desde Sopocachi hasta Miraflores tendrán la oportunidad de ganar tiempo, dinero y tensión porque podrán cruzar de punta a punta en una ciudad signada por una topografía imposible y de una sola y larga avenida central.
¿Por qué no hacer un sondeo para conocer quién apoya o al menos justifica a los militares? ¿Qué pasará si deciden cortar el puente “hasta las últimas consecuencias”? La pregunta mayor: si ellos bloquean, ¿Seremos los ciudadanos los que tendremos que ir a sacarlos de sus puestos de combate? ¿O deberá ser la Policía con gases y bastones?
Una lástima que este caso siente un nuevo precedente de confrontación. Sólo nos queda esperar el último bloqueo posible cuando el obispo y sus monaguillos expresen su disgusto con piedras y adoquines frente a la catedral de la Plaza Murillo.
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