Sábado 29 de mayo de 2010
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En nuestro país no es raro saber que existen sectores, grupos, movimientos o simplemente personas que se rebelan contra la ley y asumen facultades que nos les competen, sólo con el interés de alcanzar cierto beneficio particular o defenestrar al enemigo más próximo.
En los últimos años se registra una constante de actitudes que alteraron el orden público, pero no sólo con reclamos de orden colectivo para mejorar las condiciones de vida, hechos que pueden tipificarse como “normales” si no que existen otras motivaciones resultantes de enconos políticos o de resistencia abierta por ejemplo al control policial contra delitos cometidos abiertamente.
En sectores periféricos de algunas ciudades, los robos y atracos obligaron a los vecinos a organizarse en una especie de “policías de barrio” para defender la propiedad privada y la seguridad de familiares, en esas tareas es que capturaron a varios delincuentes y en algunos casos sobrepasando atribuciones que nadie les confirió hicieron “justicia por mano propia”.
En las comunidades rurales con algo más de apego a tradiciones y costumbres se insiste en aplicar “la justicia comunitaria”, que de algunos azotes y la obligación de cumplir tareas comunitarias pasó en muy poco tiempo a una de las peligrosas transgresiones de la ley, ejerciendo violencia directa, castigando a supuestos infractores de “reglas tradicionales”, pero lo que resulta espantoso es que esa mal llamada justicia comunitaria sirve para ensañarse con cualquier persona que no siga corrientes irregulares o como el caso de policías que en busca de delincuentes son “confundidos” y ajusticiados. Nada más ominoso, cobarde, delincuencial, aberrante e inmoral matar por evitar el control contra actividades ilícitas, como las del narcotráfico, del contrabando o el comercio ilegal de autos “chutos” y/o robados.
Fuente: LA PATRIA
