Revalorizar el poder Judicial

La justicia en esta última temporada viene tropezando con bastantes desaciertos, errores y horrores, cometidos por funcionarios públicos nombrados por el poder político, que no toman en cuenta la importancia la experiencia y méritos que deben tener los administradores de justicia.

Contar con una justicia independiente significaría elevar la potestad de jueces y tribunales como garantía central del Estado de Derecho, entendiendo que la independencia de jueces en el ejercicio de las funciones y su libertad frente a todo tipo de interferencias de cualquier otro detentador de poder, constituye la piedra final en el edificio del Estado democrático constitucional de Derecho, cuya esencia se encuentra en la garantía de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos que en la omnipotencia de las mayorías.

El principio de la independencia judicial tiene un hondo valor democrático: porque la independencia de la justicia constituye un instrumento de protección de los derechos fundamentales en razón de que éstos son esencialmente derechos garantizados por la Ley frente a las mayorías, frente al Poder, su defensa exige invocarlas ante la Justicia que solo podrá desarrollar su función y reintegrar el derecho violado si está en condiciones de actuar sin sufrir presiones del Poder e incluso de las mayorías.

El desarrollo de las funciones de los tribunales de justicia debería ser decoroso, idóneo y transparente en aplicación de la Ley, mayoritariamente aprobada. Pero también en esta función resulta esencial actuar con independencia, concibiendo que "la legalidad es a menudo impopular". En consecuencia el Estado Constitucional de Derecho, cuyos poderes Legislativo y Ejecutivo se configuran conforme al principio de las mayorías, exige un Poder Judicial independiente de dicho principio, como garantía de la aplicación imparcial de la legalidad y de la tutela de los derechos fundamentales de cada ciudadano incluso frente a la mayoría. La Independencia no es, por tanto, patrimonio de los jueces sino garantía ciudadana.

En consecuencia el fundamento de la legitimación democrática del Poder Judicial y de su independencia es el valor de igualdad de derechos, puesto que los derechos fundamentales son de cada uno y de lodos, su garantía exige un juez imparcial e independiente. sustraído a cualquier vínculo con los poderes de mayoría y en condiciones de censurar incluso como inválidos o como ilícitos, los actos a través de los cuales aquellos se ejercen, bien aplicando la ley conforme a los valores constitucionales con absoluta imparcialidad y prescindiendo de cualquier interés o bien cuestionándola ante el Tribunal Cons­titucional cuando sea incompatible con dichos valores; tomando en cuenta que los valores de racionalidad incorporados ordinariamente al momento de la elaboración de la Ley, conllevan en muchos casos que su aplicación imparcial e igualitaria haga necesario vencer fuertes presiones y tenga una inimaginable capacidad transformadora de la sociedad.

Es imprescindible tener presente que el poder judicial no estará sujeto a criterio y actuar de las mayorías. La independencia de los jueces nunca puede entenderse como separación de todo tipo de control democrático y popular. La sujeción a control del ejercicio de toda potestad política es también un elemento caracterizador del Estado de Derecho; todo poder debe tener sus sistemas de control. También el Poder Judicial está sometido a control, aunque la especificidad del principio de independencia condiciona sí o sí dichos mecanismos de control que no son coincidentes con los de los demás poderes.

En tanto que el diseño de la responsabilidad judicial condiciona el rol y la función del juez al que Inicialmente no se le prestó, atención debida sobre todo a su Independencia. Hoy han cambiado muchos aspectos y el debate se centra en gran medida en esta materia. Es decir que mientras los jueces sean nombrados bajo el poder político podría existir un presunto déficit de legitimidad del Poder Judicial y será imprescindible trabajar con responsabilidad e independencia como valores democráticos, para recuperar su esencia jurídica independiente de toda presión política.

En una sociedad democrática el ejercicio del Poder Judicial tiene que fundamentarse en los tres pilares enunciados de la independencia, la legitimidad y la responsabilidad. Pero junto a ellos es necesario reforzar los mecanismos de interacción entre quienes ejercen dicho Poder y la sociedad. La falta de vinculación puntual al principio de las mayorías no debe implicar en ningún caso alejamiento de la realidad social.

Es por ello necesario desarrollar la idea, de que junto al imperio de la Ley está el imperio de la Sociedad. De esta manera el Estado Democrático Constitucional, en el que hoy vivimos, garantizará los dos principios básicos de una Democracia: el gobierno de la mayoría y el respeto de las minorías. Podríamos decir incluso, que lo más característico de una sociedad democrática avanzada, no es ya el reconocimiento del principio del gobierno de las mayorías (afortunadamente consolidado, pero insuficiente), sino el de un sistema de límites y contrapesos, destinado a proteger a las minorías.

La incorporación de los derechos fundamentales en el nivel constitucional, y la consolidación de esta Democracia sustancial, y el respeto a las minorías adquiere un valor esencial, al instante de revalorizar el papel de la Justicia.

(*) Ingeniero