Parece que rima, pero en realidad el desaliento social prevalece en un alto porcentaje de los trabajadores asalariados del sector privado para ubicar con acierto a los que han perdido el aliento del aumento en sus salarios.
La diferencia es notoria en los dos ámbitos de la actividad laboral, pues mientras en el sector de la administración pública, de manera general, el incremento de salarios es cosa segura, no sucede lo mismo en el ámbito privado donde deben efectuarse muchos sacrificios para elevar una planilla que en lugar de incentivos cada año crece desmesuradamente y se hace más difícil de cubrirla sin riesgos alternativos que ponen en juego la seguridad de los empleos.
No es tan simple aumentar salarios de acuerdo a porcentajes que rigen en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), pues no se trata de un referente que esté directamente ligado a los índices del crecimiento productivo de la industria y el comercio legalmente establecidos o más claro manejados por empresarios privados, que difícilmente pueden competir con la empresa estatal que siempre tiene un apoyo extra para salvar sus cuentas deficitarias, mientras los otros negocios tienen al frente además de las obligaciones sociales, una abierta y desleal competencia ilegal del contrabando, de la importación admitida de mercadería barata china y de ropa usada, y sobre eso la drasticidad impositiva que sanciona a "los legales" y fomenta a los "ilegales e informales".
El fenómeno del aumento salarial implica además una "jugada indecorosa" en materia social, pues fijado el nuevo esquema salarial, el comercio en todas sus ramas incrementa sus precios, las amas de casa sienten el impacto en las compras de mercado cuando baja la cantidad de la canasta familiar y se diluye el aumento salarial y como se ha observado una vez más, también se incrementan las tarifas por servicios, llámense luz, agua y teléfonos, mientras hay una amenaza latente de elevar el precio del pan y del transporte.
Para los funcionarios del enorme segmento de la administración pública, si bien sienten los efectos de especulación e inflación, lógicamente hacen mutis porque los interesantes salarios que perciben pueden compensar esa diferencia que para los otros asalariados, tiene connotaciones más perjudiciales.
El hecho es que algunas ONG, que tiene mucho cuidado en la difusión de resultados de sus estudios socio-laborales, por razones obvias, muestran sólo parte de esa cruda realidad de que los aumentos salariales resultan ficticios en el sentido de mejorar las condiciones de vida colectiva, porque los efectos de la espiral especulativa, incontrolable en niveles oficiales, resta la condición de tener más salarios y mayores beneficios.
En el sector privado, especialmente en el caso de las fábricas, las medianas y pequeñas empresas, los riesgos sociales son inminentes al no existir condiciones favorables para aumentar inversiones, por la carencia de incentivos y seguridades, además por la falta de severas regulaciones que defiendan la producción nacional y favorezcan su crecimiento.
Faltan políticas reales de incentivo a las inversiones, se requieren seguridades para el asentamiento de nuevas industrias en más parques industriales, pero gozando mínimamente de ciertas garantías que impliquen atracción de capitales con disminución temporal de algunas obligaciones tributarias lo que se traducirá, en determinado tiempo, en más empresas activas y fuentes de empleo seguras.
Hay que lograr un equilibrio entre el aliento salarial y el desaliento social, con programas ajustados a la realidad económica de los sectores productivos independientes.
Fuente: LA PATRIA
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