Rojas se desliga de actos de corrupción en el Plan 3000

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La bancada oficialista votó por la "orden pura y simple" en señal de aprobación al informe del ministro de Desarrollo Productivo, Eugenio Rojas, quien fue interpelado por la fallida obra de construir un Mercado Modelo en el Plan 3000 de la ciudad de Santa Cruz, que demandó un gasto de 5.584.095 dólares con un crédito proveniente del Bandes de Venezuela en convenio con el Gobierno de Bolivia.

La obra fue una iniciativa de 18 asociaciones de comerciantes del Plan 3000 que el año 2007 quienes con la gestión del Ministerio de Desarrollo Productivo, accedieron a un crédito del Bandes-Venezuela-Bolivia por 3.5 millones de dólares, a una donación de 1.350.000 del Gobierno y dieron un aporte de 1.035.573 de dólares en calidad de contraparte para ejecutar la obra.

En ambas fases, del total presupuestado de 6.063.079 de dólares, se desembolsaron 5.584.095 dólares. A diez años del inicio, el Mercado Modelo del Plan 3000 fue abandonado en obra gruesa con serias fallas en la calidad del hormigón y el techado armado.

Los diputados interpelantes Juan Carlos Gutiérrez y Rodrigo Valdivia de la opositora bancada de Unidad Demócrata (UD), denunciaron que el ciudadano cubano José Alberto Urbano Vásquez, fue el gerente de la constructora Urbanizamos que recibió los desembolsos y abandonó la obra.

El ocasional empresario que constituyó sociedad con un capital social de 120.000 dólares, fue enviado a la cárcel y salió libre porque el proceso en su contra prescribió.

Gutiérrez explicó que Edgar Montaño Rojas, antes de ser diputado electo del MAS, asumió las funciones de Supervisor de Obra ante la empresa OKRE con un sueldo de 2.000 dólares mensuales y cuando se adjudicó a Urbanizamos, ya no era empleado sino dueño de la empresa supervisora con el mismo nivel salarial.

Desde julio 2008 hasta enero de 2010, recibió 38.000 dólares por un trabajo de supervisión que certificó un avance de obra del 76% que facilitó el desembolso de 5.584.085 de dólares, según precisó Gutiérrez, a tiempo de indicar que Montaño no cumplía con los requisitos porque es Ingeniero Industrial y no Ingeniero Civil para superar una obra.

Los opositores denunciaron que además del entonces Supervisor de Obras Edgar Montaño Rojas, participaron como dirigente de los comerciantes Silverio Poma que luego fue candidato a suplente de Silvia Lazarte por el MAS, María Luisa Mendoza, tesorera de las 18 asociaciones y diputada del MAS, y Sabelio Estrada diputado del MAS, Julio Almendras dirigente del MAS-Santa Cruz y José Alberto Hernández, gerente de Urbanizamos, hijo de un ex cónsul cubano.

Hernández fue liberado por los jueces Sifrido Sotelo y José Iquice Saca, quienes se encontrarían imputados por delitos de prevaricato y otros. Los interpelantes le informaron al ministro Rojas que estas irregularidades son verídicas porque incluso un informe del IDIF certificó la mala calidad de la obra que se encuentra paralizada y con recomendación de ser demolida.

El ministro Rojas en respuesta aclaró que pese al convenio firmado con la Asociación de Comerciantes, el Gobierno no puede intervenir porque la contratación del crédito, la selección de la empresa constructora y supervisora, fue decidida por dirigentes de los comerciantes y no por el Ministerio de Desarrollo Productivo.

Dijo que pidieron auditoría a la Contraloría General del Estado, que desestimó dicha acción porque el dinero no está alcanzado por norma estatal, al ser contrato entre particulares.

Explicó que un proceso penal instaurado por los comerciantes en contra el primer empresario, fue extinguido por los jueces por falta de acción penal y otro está pendiente de audiencia cautelar por enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, aunque expresó que le parece extraño que los comerciantes no hayan ejecutado la boleta de garantía.

Los interpelantes consideran que esa posición del ministro es una forma de "lavarse las manos", rehuir de sus responsabilidades y desconocer sus atribuciones, por lo que le pidieron su renuncia. Sin embargo Rojas, rechazó la acusación porque aquel convenio que lo vinculaba fue resuelto por los mismos dirigentes para evitar sean perseguidos por la justicia.

Los diputados opositores exigieron que el Ministerio de Justicia intervenga en este proceso porque se trata de 2.444 comerciantes afectados que aportaron a la contraparte y que hoy no tienen ni la obra ni perspectiva de acceder al Mercado del Plan 3000, porque los responsables del proyecto huyeron del país y - según dijeron - los dirigentes del MAS obstaculizan una investigación con claros indicios de un tráfico de influencias.

Recordaron que incluso el vicepresidente entregó al cubano José Urbano un cheque anticipado por 500.000 dólares a nombre del Estado, en contraste con lo que dice Rojas que desconoció compromisos sobre esta construcción. Los denunciantes dijeron que los afectados recurrieron ante el presidente Morales y al Ministerio de Transparencia pero nadie respondió. Al final la interpelación quedó en nada a favor de los comerciantes que estuvieron presentes en la sesión.

Fuente: La Paz, 15 (Erbol-Digital).-