El ex mandatario, de 71 años, fue condenado en primera instancia a nueve años y medio de prisión por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero, aunque no se decretó su prisión preventiva pues la pena aún deberá ser confirmada por un tribunal superior.
La sentencia fue proferida por el juez federal Sergio Moro, encargado de las investigaciones del caso Petrobras, quien halló culpable a Lula de beneficiarse de la gigantesca trama corrupta que desvió millones en la estatal petrolera.
El magistrado da por comprobado que el ex presidente recibió 2,25 millones de reales (unos 700.000 dólares) en concepto de sobornos, los cuales se habrÃan materializado en la reserva y reforma de un apartamento trÃplex en el balneario de Guarujá, en el litoral del estado de Sao Paulo.
Moro añadió en el auto que Lula "faltó a la verdad de los hechos en sus declaraciones", en las cuales negó ser el verdadero dueño del inmueble y que lo recibió a cambio de favorecer a la constructora OAS, implicada en la trama.
Lula gobernó Brasil entre 2003 y 2010 y responderá en libertad a la espera de que una instancia superior se pronuncie sobre el proceso, uno de los cinco que tiene abiertos con la Justicia, la mayorÃa relacionados con el caso Petrobras, que ha enviado a prisión a decenas de polÃticos de todo el arco ideológico y empresarios.
Moro explicó en su sentencia que no ordenó una prisión cautelar del lÃder del Partido de los Trabajadores (PT) por "prudencia" y para evitar "ciertos traumas", pese a "los episodios de orientación a terceros para la destrucción de pruebas (que atribuye a Lula)".
Asimismo, en su sentencia prohibió a Lula ocupar cargo o función pública por 19 años, en caso de que la sentencia sea ratificada, y le impuso una multa adicional de 669.700 reales (unos 200.000 dólares) por los crÃmenes supuestamente cometidos.
Al ser una condena en primera instancia, Lula mantiene intacta, hasta tanto se ratifique la sentencia, la posibilidad de concurrir a las próximas elecciones generales previstas para 2018, a las que ha manifestado en repetidas ocasiones su deseo de presentarse. La justicia superior deberá pronunciarse sobre el caso a mediados o fines del año próximo, lo que coincidirÃa con la campaña electoral.
El Partido de los Trabajadores (PT), en el que Lula participó de su fundación en 1980, rechazó la sentencia "sin pruebas" contra su lÃder y la que calificó de "vergonzosa", según publicó en redes sociales la presidenta de la formación, Gleisi Hoffmann.
Por otro lado, la ex mandataria brasileña Dilma Rousseff, destituida el año pasado por supuestas irregularidades fiscales, dijo de su sucesor en el cargo y padrino polÃtico que es "inocente" y que "el pueblo lo rescatará en 2018".
No obstante, los problemas de Lula con la Justicia no se reducen a las cinco juicios abiertos, ya que podrÃa llegar a ser investigado en otros seis procesos más, según solicitó la FiscalÃa con base en confesiones hechas por ex directivos del grupo Odebrecht.
Incluso está implicado el actual mandatario, Michel Temer, a quien la FiscalÃa denunció en junio pasado por un supuesto delito de corrupción pasiva que amenaza con desalojarle del poder, lo que dejarÃa a Brasil sumido en una deriva institucional que no parece tener fin.
Fuente: Sao Paulo, 12 (EFE).-
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