Condenan a 112 años de cárcel a líder nacional de la pandilla Barrio 18

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Un tribunal de El Salvador condenó este lunes a 112 años de prisión a José Timoteo Mendoza, considerado líder "nacional" de la facción Sureños del Barrio 18, y quien recibió beneficios carcelarios durante una polémica tregua entre pandillas, entre 2012 y 2014, informó la Fiscalía.

La fuente detalló que el pandillero recibió la condena por ordenar desde una prisión el asesinato de un hombre y de una niña de ocho años en noviembre de 2014; también se le atribuyó un intento de homicidio, tres casos de extorsión y agrupaciones ilícitas.

"Mendoza guarda prisión desde hace varios años por otros homicidios, y en el año 2012 fue beneficiado en el proceso de tregua junto a otros pandilleros que fueron trasladados del penal de máxima seguridad" a otro con un menor régimen, explicó la Fiscalía.

La institución agregó que el conocido como "El Chory", "era el responsable de controlar el comercio de droga y otros delitos" en los orientales departamentos de San Miguel y La Unión.

Junto a este fueron condenados otros 18 miembros de la misma pandilla a penas de entre 4 y 67 años de prisión por los delitos de extorsión, agrupaciones ilícitas y homicidio.

En el 2012, alrededor de 30 cabecillas de pandillas fueron sacados del penal de máxima seguridad a presidios comunes en una aparente concesión del Gobierno a estos grupos, supuestamente para facilitar el armisticio.

José Timoteo Mendoza está relacionado también con el proceso en el que fue condenado y luego excarcelado el sacerdote español Antonio Rodríguez, por introducir objetos ilícitos a las cárceles.

Según la prensa local, la Fiscalía dio a conocer unas grabaciones privadas y utilizadas como prueba en el juicio en las que "El Chory" pedía ayuda a Rodríguez para no ser llevado nuevamente al penal de máxima seguridad.

A inicios de junio pasado, durante la tregua, el ministro de Seguridad y actual titular de la Defensa, David Munguía Payés, fue el primer funcionario en admitir públicamente que la tregua fue una política estatal que tuvo el "respaldo" de la Organización de Estados Americanos (OEA) bajo el mando de José Miguel Insulza.

En febrero de 2015, citado por la Fiscalía para hablar sobre la tregua, el expresidente Mauricio Funes (2009-2014) justificó el acompañamiento del Gobierno al pacto de no agresión porque, durante este, el promedio mensual de muertes violentas bajó de 340 a 160, y el registro diario de asesinatos bajó de 15 a 5.

El país centroamericano es considerado uno de los más violentos del mundo por sus tasas de 103 y 81,7 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2015 y 2016, respectivamente, atribuidos principalmente a las pandillas.

Fuente: San Salvador, 11 (EFE)