Víctimas de esterilizaciones forzadas protestan contra indulto a Fujimori

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Un grupo de mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas durante el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), protestaron hoy (ayer) contra la posibilidad de que sea indultado por el actual mandatario peruano, Pedro Pablo Kuczynski.

La presidenta de la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas, Ruth Zúñiga Cáceres, declaró que protestan para que "no haya indulto al gobierno anterior porque hemos sufrido un atropello por el gobierno que nos ha esterilizado en el año 1995 al 2000", en referencia al segundo periodo presidencial de Fujimori.

El ex mandatario está condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, pero Kuczynski ha expresado en los últimos días que puede evaluar un indulto humanitario para Fujimori.

La intención del grupo es también pedir una audiencia en la reunión que tendrá la CIDH en Uruguay en octubre próximo para explicar la situación de estas víctimas.

Zúñiga declaró a la prensa que las víctimas de esterilizaciones forzadas son 300.000 mujeres y 200.000 hombres a nivel nacional, que 20 años después de los sucesos aún no encuentran justicia ni reparación.

"No vemos avances, nosotros tenemos evidencias, pero a las mujeres del campo nos han dicho mentirosas, y a algunas nos han hecho la ligadura (de trompas) sin anestesia, yo no fui anestesiada", expresó la dirigente.

Zúñiga pidió "justicia y reparación para las mujeres víctimas que hemos sido esterilizadas, que el Estado reconozca y que haya un centro de emergencia para que nos puedan atender" de las secuelas por las cirugías.

La directora de la organización Demus, María Ysabel Cedano, dijo a la prensa que han venido "a decirle a PPK (Kuczynski) no al indulto, no a la impunidad" y al Ministerio Público (Fiscalía) que actúe ya, pues tiene pendiente resolver las quejas interpuestas por el archivamiento de las denuncias en 2016.

Cedano recordó que el Estado peruano firmó en 2003 una declaración de solución amistosa por el caso de Mamérita Mestanza, una de las víctimas que falleció por complicaciones en la esterilización, donde "reconoce responsabilidad estatal por la violación a los derechos humanos" en el marco de una política de planificación familiar y salud sexual en el gobierno de Fujimori.

Mestanza murió en 1998 por una infección generalizada, ocho días después de someterse a una ligadura de trompas a la que accedió bajo coacciones de personal médico, que la amenazaba con multas y encarcelamiento si no se esterilizaba, según Demus.

La activista agregó que el Estado peruano está obligado a hacer justicia y reparar a las víctimas, pero no cumple con reparar a los hijos de Mestanza, ni incluirla en el registro nacional de víctimas de esterilizaciones forzadas.

"El Estado debe aprobar un plan de derechos humanos que considere la creación de un grupo de trabajo para diseñar la política de reparaciones integrales", anotó Cedano.

La funcionaria de la CIDH María Claudia Pulido, salió de la reunión en la sede diplomática a saludar a las manifestantes, y Cedano confió en que la Comisión les concederá la audiencia en Uruguay en su próximo periodo de sesiones.

Los casos de esterilizaciones forzadas entre mujeres campesinas se denunciaron a partir del segundo gobierno del ex presidente Alberto Fujimori, entre 1995 y 2000, pero la Fiscalía peruana rechazó el año pasado abrir una investigación contra el ex mandatario o sus entonces ministros de salud por la autoría mediata en 77 casos.

Las acusaciones incluyeron casos de mujeres que murieron por complicaciones y falta de atención, tras las cirugías, así como los métodos de presión y desinformación que presuntamente aplicó el personal médico para someterlas a la esterilización, con el fin de cumplir una supuesta meta implantada por el gobierno.

Fuente: Lima, 3 (EFE)