Domingo 02 de julio de 2017
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La economía boliviana quedó atrapada en un bucle el día en que el Cerro Rico de Potosí se convirtió en la razón de ser nuestra existencia. La Audiencia de Charcas, germen de la República de Bolivia, fue creada para administrar en lo económico y en lo jurídico los ingentes ríos de plata que alimentaron primero al Imperio y luego a la joven Nación. Lo que en tiempos del mercantilismo era parte inherente del funcionamiento económico se transformó en una adicción que generó estancamiento. El modelo basado en las materias primas, su extracción y exportación a cambio de divisas, se convirtió en un mecanismo intrínsecamente perverso en el que se afincó no sólo en una forma de funcionamiento productivo, sino en la base de una estructuración social estamentada de explotación y de organización de la sociedad.
La confrontación entre modelo liberal y modelo nacional-estatista no cuestionó la base del sistema productivo, sólo la lucha sobre quién manejaba esos recursos. No se trataba de cuestionar lo esencial, sino de administrar lo existente. La antinomia entre barones del estaño y Estado, o entre transnacionales y Estado, se refirió siempre a la propiedad y al destino de los recursos. Las sucesivas nacionalizaciones, según cuándo y según como, le dieron al Estado importantes montos. En unos casos esos ingresos fueron a un Tesoro Nacional desfondado, paliaron algunas urgencias y progresivamente acabaron superados por los costos desmesurados de las propias empresas que habían sido nacionalizadas. En otros casos, no sólo alimentaron el tesoro sino que permitieron una redistribución relativamente importante a algunas regiones del país y a la sociedad en su conjunto. Pero en lo fundamental el aparato económico siguió girando en torno al mismo principio, extracción-exportación.
