Para que los gobiernos consigan una gobernabilidad plena en democracia y transitar a un verdadero desarrollo social, es necesario promover y proteger el goce y pleno disfrute de los derechos contemplados en la Carta de los Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales.
Una de las preocupaciones más importantes y actuales es lo referente a la peligrosa problemática que enfrenta la constante violación a algunos de los derechos fundamentales, cuando trabajadores organizaciones sociales y grupo de personas que se ven afectados en sus derechos, toman las calles y efectúan multitudinarias manifestaciones para hacer conocer sus peticiones y reclamos para conseguir vivir mejor. Estos movimientos pacíficos y apacibles encuentran una respuesta brusca y violenta de las fuerzas del orden público. Estos actos de enfrentamiento se da también cuando líderes de trabajadores y políticos de oposición son limitados en la libertad de expresión mediante amenazas, presiones psicológicas y finalmente la percusión política; entonces es en este ambiente donde es posible la pertinencia de algunas reflexiones sobre la importancia y estrecha relación que guarda el Estado de derecho, los derechos humanos y la democracia.
Es en estas circunstancias donde se debe entender la verdadera dimensión del "Estado de Derecho", término que fue utilizado por la ciencia jurídica y política alemana del siglo pasado para designar una relación específica entre la forma política llamada "Estado" y el derecho, relación que va más allá de un gobierno limitado que envuelve su actuación en el ropaje de las normas jurídicas. La doctrina alemana llega a fundar el Estado sobre: la "legalidad administrativa", los "derechos públicos subjetivos", y la "justicia en la administración"; en otros términos, subordina el poder administrativo al presupuesto de la atribución mediante la ley, justifica (a través de complejos "dispositivos" teóricos) la subsistencia de derechos de los ciudadanos frente al Estado, predispone medios jurisdiccionales para su tutela.
El Estado, aparato (de gobierno y administración), se presenta con el rostro del poder de supremacía del que la acción estatal se vale frente a los ciudadanos. El principio de legalidad, eje del nuevo Estado, junto a la separación de poderes, es sobre todo la subordinación a la ley de la acción administrativa (en sentido formal: atribución legislativa del poder, y material: eventual limitación "interna" de los modos y medios de ejercicio), y símbolo de la persecución, subordinada a cualquier otro, del interés general, por lo demás constitutivamente prefigurado y determinado por la ley.
El Estado de derecho aparece como el servidor, rigurosamente controlado, de la sociedad; queda sometido a un sistema cerrado de normas jurídicas o, sencillamente, identificado con ese sistema de normas, así que se convierte en solo norma o procedimiento. En realidad, el Estado de derecho, no obstante a toda la juridicidad y normatividad, sigue siendo un Estado, y contiene siempre otro elemento específicamente político, a más del elemento específico del Estado de derecho.
Es por ello, que necesariamente al hablar sobre la temática de la obligación de cumplir las leyes nos remitimos a realizar algunas consideraciones de carácter histórico sobre el origen y la supremacía de las leyes y, por lo tanto, a la del derecho de gobernar que éstas definen. Platón en su libro las Leyes afirmó que se presentaba como ideal el "gobierno de las leyes", como forma opuesta al "gobierno de los hombres", de sus arbitrariedades y abusos. Dichas leyes no serían otras que las dictadas por la razón. Aristóteles, en su obra La política, habló de las leyes como principios provenientes del raciocinio humano y lo relaciona con las distintas formas de gobierno definidas según los distintos tipos de Constitución posibles.
Para concebir y entender un Estado de derecho habría que partir de dos principios. Por un lado, la concepción de que el derecho emana de la voluntad de los ciudadanos y se orienta a garantizar el ejercicio de sus libertades y derechos fundamentales. Por otro, la definición del gobierno como un mandatario de los ciudadanos cuyo poder está limitado por las propias condiciones que constituyen su origen, es decir, por los derechos naturales de los individuos. Resalta ya en este punto que la vigencia del derecho sólo es legítima cuando está sostenida por los actos de libre elección de los ciudadanos. En este sentido, la legalidad carece de legitimidad si no es soportada por la decisión y vigilancia ciudadana, entonces el poder soberano debe mantener la legalidad y legitimidad dando lugar al nacimiento de una democracia plena.
Por esta razón los Gobiernos que se encuentran gozando del poder no deben olvidar que todos los seres humanos tienen derecho a ser tratados con dignidad y respeto mediante el disfrute de todos los derechos humanos, el respeto a la libertad de expresión, como principio del ejercicio de los derechos fundamentales de todo ser humano los que deben ser cuidados y protegidos por el Estado.
El "Estado de derecho" es el medio para la promoción y protección del marco normativo común. Proporciona una estructura a través de la cual el ejercicio del poder se somete a normas convenidas, garantizando la protección de todos los derechos humanos del estado de derecho. Exige que los procesos jurídicos, las instituciones y las normas sustantivas sean compatibles con las normas de derechos humanos, incluidos los principios básicos de igualdad, y equidad de género en la protección y demanda de los derechos ante la ley, convirtiéndolos los principios en una realidad,
El Estado de derecho es aplicado y ejercido en integridad y plenitud por Gobiernos con alta responsabilidad, madures política respeto a su Carta Magna, sus leyes y norma jurídica. Estos cimientos del marco normativo constituyen cuerpos jurídicos complementarios que comparten un objetivo común: la protección de la vida, la salud y la dignidad de las personas.
No puede existir "Estado de derecho" en gobiernos que no respeten las Leyes no protegen ni respetan los derechos humanos y constitucionales de las personas.
Ningún ser humano puede ser ofendido humillado enjuiciado y perseguido por expresar su forma de pensar a través de los medios de comunicación, y éstos tampoco deben ser atemorizados por dar cobertura a la voz del pueblo, porque se entiende que los medios deben ser imparciales libres e independientes, el respeto a la libre expresión es uno de los principios básicos para conseguir un "Estado de Derecho", de otro lado se estaría viviendo una intolerancia y dictadura.
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