Es realmente alarmante el crecimiento del comercio de ropa usada, que en estimación de algunos entendidos ocupa a un medio millón de personas que viven vendiendo esa mercaderÃa que satura los mercados del paÃs, y que tiene su ingreso proveniente de Chile y su principal centro de acopio en poblaciones y en la misma ciudad de Oruro donde se la distribuye a los minoristas "ropavejeros".
El problema es que más de 200 mil familias, asà es la cosa, dependen de este comercio, ilÃcito desde el punto de vista legal, cuando las operaciones de los capitalistas del gigante contrabando persisten, pese a la vigencia del Decreto Supremo 28761 aprobado el año 2014 y que no se ha cumplido ni en mÃnima proporción, puesto que la cantidad de comerciantes ha crecido y lógicamente se ha extendido el comercio de la prenderÃa usada.
Es evidente que la Aduana Nacional ha realizado varios operativos contra la internación ilegal de ropa usada que se origina en puertos chilenos y rebasa los controles aduaneros en nuestro territorio, puesto que en el chileno los comerciantes pagan un derecho de "pase" y no aplican ninguna restricción legal al paso de centenares de camiones con miles de kilos de ropa usada.
Se habla de operativos que detienen dos y hasta tres camiones, pero tras de estos por lo menos cinco o más siguen su camino hacia algunas poblaciones, caso de Sabaya en Oruro, donde efectúan una "neutralización" que sirve para descargar los grandes camiones y dividir centenares de fardos en transporte de menor tonelaje.
La importación y venta de ropa usada está prohibida en el paÃs, pero los puestos de venta siguen abarrotados de ese producto y hasta es permisible que se expongan en negocios donde la oferta muestra prendas de "temporada" y de "última moda", por lo mismo el negocio no se detiene, y el D.S 28761 simplemente es un florero en algún mueble aduanero.
Este asunto tiene un fuerte componente social, y es que permite un modo de subsistencia a medio millón de desocupados, gente que gana "al dÃa", que regularmente no genera conflictos sociales, que soluciona muchas restricciones en compradores de bajos recursos que acceden a prendas de variado uso y diversa utilidad, que está al alcance de un alto porcentaje de la población.
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